La escuela concertada ante las desigualdades: el debate pendiente
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En España, la educación concertada es un sector diverso y complejo. Tanto el perfil de las escuelas concertadas como su peso relativo sobre la matrícula varían considerablemente entre comunidades autónomas, pero también dentro de ellas. En Cataluña, Madrid o el País Vasco y en algunas áreas urbanas de otras comunidades, la educación concertada tiene un peso especialmente relevante sobre el total de la matrícula, y el gasto en conciertos representa un porcentaje muy significativo sobre el gasto público en educación. A pesar de su gran heterogeneidad, los datos muestran que la educación concertada contribuye a la generación de desigualdades educativas, especialmente en términos de segregación escolar. El último estudio PISA indica que, para el conjunto de España, los centros públicos escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2,2 veces superior a los centros concertados, y 1,6 veces más alumnos de origen inmigrante.

Hace unos días, presentábamos el estudio La Concertada a Debate, que, desde una perspectiva internacional y comparada, pretende abordar la cuestión de los conciertos educativos en Cataluña. Más allá del foco en el caso catalán, gran parte de los resultados y reflexiones recogidos en el informe tienen también implicaciones para el debate a nivel estatal.

La evidencia internacional sobre la relación entre educación concertada y desigualdades educativas es clara y contundente. Aquellos sistemas con modelos de provisión mixta (donde se combinan escuelas públicas y privadas financiadas con fondos públicos), presentan mayores niveles de segregación escolar y estratificación social entre centros de diferente titularidad. Esta desigualdad se acentúa cuando la educación concertada tiene un peso significativo sobre la matrícula total. Un reciente informe publicado por Eurydice así lo constata. Según este organismo de la Comisión Europea encargado del análisis de los sistemas educativos, tras controlar por el nivel de gasto público en educación, la segregación en función de la capacidad académica de los alumnos es mayor en aquellos países donde la educación privada financiada con fondos públicos tiene un mayor peso.

En España, el origen del actual sistema de conciertos se remonta a los años ochenta. Éste emerge como respuesta a la necesidad de expandir la educación en el contexto de restricciones presupuestarias de los años ochenta, pero también como forma de resolver una tensión histórica sobre el rol de la iglesia católica en la provisión educativa. En todo caso, este origen histórico del modelo de conciertos no debería ser excusa para no revisarlo. Prueba de ello es que, durante los últimos años, otros sistemas de provisión mixta con una larga trayectoria (como es el caso de los Países Bajos, Bélgica o Chile) han iniciado procesos de debate y reforma a raíz de los efectos de la educación concertada sobre las desigualdades educativas.

La educación concertada contribuye a las desigualdades, la evidencia es contundente. Ha llegado el momento de abrir el foco del debate y centrar la conversación pública en los cambios que se deben realizar en el modelo, tal y como han hecho países de nuestro entorno. El reto es mayúsculo, pero la caída demográfica abre una oportunidad única para replantear el sistema de conciertos educativos en España. El acusado descenso de la población escolar, cuyos efectos sólo irán a más en los próximos años, tendrá implicaciones en la planificación del conjunto del sistema educativo, pero será especialmente determinante para el sector concertado, cuya viabilidad depende especialmente de su capacidad de mantener un cierto nivel de matrícula. En este contexto, el debate regulativo debería responder a dos preguntas principales. Por un lado, ¿qué reformas pueden permitir que el sector concertado contribuya a los objetivos de calidad y equidad del sistema educativo?, y, por otro lado, ¿qué escuelas privadas deben tener cabida en el sistema de conciertos?

Sobre la primera cuestión, la experiencia internacional demuestra que las reformas necesarias deberían producirse en diferentes ámbitos regulativos. En el ámbito de la financiación escolar, se tiende cada vez más hacia una mayor equivalencia entre escuelas públicas y concertadas. Se trata, sin embargo, de un cambio que debe estar inexorablemente supeditado a la corresponsabilización del sector concertado en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido, así como a un compromiso firme con hacer efectiva la gratuidad de la educación. Esto, a su vez, pasa inevitablemente por la supresión efectiva de las cuotas y otras contribuciones familiares a la escolarización, y requiere de mayores niveles de transparencia financiera. La evidencia internacional apunta también a la necesidad de dotar de mayor protagonismo a los poderes públicos en la gobernanza del sistema, reforzar el peso de los criterios de planificación educativa en el diseño de la oferta pública y concertada, para evitar, por ejemplo, situaciones de sobreoferta que contribuyan a la distribución desequilibrada de alumnado.

Respecto a qué escuelas deberían formar parte del modelo de conciertos, cabe tener presente que el nivel de corresponsabilidad de los centros concertados en la escolarización del alumnado socialmente vulnerable es muy diverso. Una agenda de equidad debería definir criterios de concesión y extinción de conciertos educativos con los que asegurar que sólo aquellos centros con una clara voluntad de servicio público tienen cabida en el sistema de financiación pública. Esto implica condicionar la continuidad de los centros en el sistema de conciertos a su compromiso con un horizonte de gratuidad y a una corresponsabilidad inequívoca en una distribución equilibrada del alumnado. Cabe recordar que, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde la concertada tiene un mayor peso sobre la matrícula, existe un segmento de centros educativos con una clara voluntad elitista integrado al sistema de conciertos. De nuevo, la evidencia comparada apunta a que estos son centros que en otros contextos formarían parte de la oferta privada no concertada. Cabe por lo tanto establecer mecanismos de salida del sistema de conciertos que permitan redimensionar la oferta concertada de acuerdo a criterios de equidad y servicio público.

La reforma de los sistemas de provisión mixta es una empresa tan urgente como compleja. De hecho, los intentos de reforma de los modelos de conciertos tienden a ser el foco de oposición y resistencia. Así se ocurrido en países como Bélgica y Chile, donde la oposición no sólo ha venido de los titulares de escuelas concertadas, sino también de las propias familias. Décadas de provisión educativa concertada tienen implicaciones en aspectos como las preferencias de la población respecto a los modelos de provisión, y contribuyen a la internalización de la elección escolar como vía de distinción social. Por ello, determinadas reformas son vividas por algunas familias como una usurpación de derechos.

En nuestro contexto, vemos como, ante las propuestas de cambio que se han planteado los últimos años, el sector concertado ha respondido a menudo con una defensa del status quo, reivindicando un aumento del financiamiento del sector bajo el argumento que ello se traducirá automáticamente en una mayor corresponsabilización del sector en la matrícula del alumnado vulnerable. No obstante, las reformas necesarias son de mayor calado y requieren de la adecuada regulación de muchos aspectos que incluyen pero van mucho más allá de la financiación. Además, para ser efectivas, estas reformas deben contar con la colaboración y el compromiso de todas las partes implicadas. Para el sector concertado, colaborar con estos cambios regulativos no implica renunciar a su autonomía escolar, siempre y cuando ésta no se utilice como estrategia de clausura social, por ejemplo, mediante proyectos educativos excesivamente costosos. Pero sí implica admitir que el problema de la desigualdad social entre centros públicos y concertados es una realidad, y adquirir un compromiso firme con los objetivos de equidad del sistema y, como no, con el interés público en educación.

Adrián Zancajo es profesor lector de la Universidad de Manchester; Antoni Verger, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Clara Fontdevila, investigadora postdoctoral Margarita Salas en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Glasgow.

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