El Gobierno estudia una nueva regulación de los precios de los servicios públicos para aumentar la recaudación
El Gobierno está estudiando una nueva regulación legal sobre precios de los servicios públicos, tasas y parafiscalidad, con el fin de utilizar estos instrumentos para aumentar la recaudación del Estado y descargar sobre los mismos parte del peso de la financiación pública. La idea de esta innovadora legislación había sido expuesta meses antes de las elecciones legislativas, en una publicación del Instituto de Estudios Fiscales, por el actual secretario de Estado para Hacienda, José Víctor Sevilla. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, anunció hace unas semanas ante el Pleno del Congreso, la preparación de estas nuevas disposiciones y su envío en breve a las Cortes.

Según el secretario de Estado para Hacienda, el sector público, de cara a su estructura financiera, "hace una utilización escasa de los precios, llámense así o de cualquier otra forma, como instituciones complementarias de la financiación impositiva".El propio José Víctor Sevilla es consciente de la controversia y polémica que pueden desencadenar estas medidas. "Existen posturas, muy poco reflexivas, que identifican la financiación pública a través de impuestos como algo bueno y progresivo, mientras que la financiación mediante precio -siquiera como complemento de la imposición- suele tildarse de negativa y regresiva". Estas posturas, a juicio del secretario de Estado, son "un importante error".

Sevilla argumenta esta rotunda descalificación de quienes tildan de regresivas las medidas propuestas. "La educación constituye un buen ejemplo a este respecto. En materia financiera, la imagen de política más avanzada suele identificarse con la gratuidad de la enseñanza. Salvando que, en términos sociales, no tiene nada de gratuito el que se financie a través de los impuestos, no es más progresivo ni, desde luego, más eficaz que si una parte de la misma se cubriera mediante precios que recogieran su coste real y éstos fueran satisfechos por aquellos que tienen posibilidades económicas para hacerlo. Un sistema de precios, junto a un mecanismo amplio de becas públicas, ofrecería una estructura más correcta en este caso".

Ocultar el coste de la ineficacia

El ejemplo de la educación es trasladable a otras muchas situaciones, según el secretario de Estado para Hacienda, especialmente en el área local o cuando se trata de servicios públicos con beneficiarios ciertos e identificados."En la mayor parte de todos estos casos, especialmente en servicios públicos locales, resulta difícil justificar la no aplicación de precios o su utilización simbólica, excepto para ocultar, en muchas ocasiones, las fuertes ineficacias existentes en la prestación del mismo, cuyos costes difícilmente podrían trasladarse plenamente a los precios".

Para José Sevilla "resulta necesario, en esta línea de liberar recursos y limitar las presiones que hoy atrapan a los presupuestos generales, revisar no sólo las políticas de precios públicos en sentido estricto, sino, igualmente, las correspondientes a tasas y parafiscalidad, estudiando al tiempo que se transita hacia una presupuestación por objetivos, una extensión más extensa de los precios y cuasiprecios".

De hecho, en las últimas semanas, Hacienda, Industria y Transportes y Comunicaciones estan estudiando una coordinación conjunta de las tarifas de los distintos servicios públicos, encuadrados en organismos autónomos o en empresas del INI o del Patrimonio del Estado, para modificar las subvenciones estatales y que los costes sean abonados prioritariamentepor el colectivo de usuarios y no por la totalidad de la nación. Con ello se reducirían y racionalizarían las aportaciones del Estado a la prestación de estos servicios.