Normas, valores y coches usados
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Las crisis económicas tienen bastante que ver con la pérdida de confianza respecto de lo que el futuro deparará a empresas, países, ahorradores o trabajadores. La peculiaridad de la crisis actual del capitalismo es que nace de una desconfianza profunda respecto del presente, especialmente en lo que se refiere a los consejos de administración, la contabilidad de las grandes empresas, los análisis de valores al uso, las auditorías, la regulación de los mercados de valores, e incluso el propio capitalismo. Un cínico diría que no es para tanto, que la confianza volverá cuando los índices bursátiles registren cotas más presentables. Es posible; sucede, sin embargo, que la desconfianza hace que ese día llegue más tarde.

Cuanto mayor es el daño social que las normas anteriores no evitaron, más probable es que los Gobiernos sobreactúen

Como ha destacado John Kay (www.johnkay.com), la regulación de la actividad económica responde a dos mecánicas distintas: las normas y los valores. Las sociedades modernas determinan democráticamente los cauces por los que debe discurrir la economía; conviene prohibir el robo, el bandidaje, o la extorsión porque impiden la prosperidad social. La regulación mediante valores es más sutil: aquellos agentes cuyas conductas no son conformes con las reglas del juego, por ejemplo, con la forma debida de hacer negocios pierden la reputación, y en consecuencia la licencia social exigida para participar en la vida económica. La mecánica de la norma pretende resolver el problema de la desconfianza a través de la formulación jurídica de derechos y obligaciones; la de los valores amenaza a los tramposos con la exclusión.

La reacción de la mayor parte de los Gobiernos frente a esta última crisis de confianza consiste esencialmente en el establecimiento de nuevas normas de orden preventivo y en el endurecimiento de las sanciones asociadas a su incumplimiento. Cuanto mayor es el daño social que las normas anteriores no han evitado, más probable es que los gobiernos sobreactúen, como los malos actores ante un papel que les viene grande. Me cuesta adivinar el aspecto final del aquelarre purificador convocado en España por los Ministerios de Economía y Justicia, CNMVo ICAC para reformar los soportes societarios de la actividad económica. Además, las reacciones suelen responder a un cierto histrionismo, como el mostrado por el presidente Bush, quien busca asentar la nueva panoplia normativa sobre el mundo de los negocios en un terreno intermedio entre el Antiguo Testamento y la Ley de Lynch. Nadie se atreve a hablar de exceso regulador, ni a mostrarse escéptico respecto de la eficacia última de este derroche jurídico. Los tiempos mandan callar. Sin embargo, es más que dudoso que las nuevas iniciativas legales sirvan para algo más que para lavar la cara de quienes consintieron que intereses privados penetraran en los intersticios del Estado, como se ha demostrado en los casos Gescartera o Enron, o de los gobernantes que se reservaron algunos cubiertos en el festín del capitalismo popular español. Digamos que el capitalismo no se fía ni de unos ni de otros. Yo, desde luego, no compraría un coche usado a Bush o a Rato.

La ética corporativa al uso tampoco ha ayudado demasiado. El lema 'todo para el accionista, pero sin el accionista' apuntaba un único valor empresarial y la conveniencia de una herramienta: la creación de valor (riqueza) para el accionista y los códigos de buen gobierno, al tiempo que proponía algunos modelos ejemplares, como el de Enron. Hoy se anuncia una renovación del instrumento. No creo que el enarbolamiento de nuevos códigos éticos y valores (por cierto: ¿cuáles?) por parte de las grandes empresas sirva para restaurar la confianza. Al menos por dos razones: la primera es que sucederán a otros códigos de vida efímera que sabemos lo que han dado de sí; la segunda es que, en bastantes casos, serán formulados por quienes, en reencarnaciones anteriores, no tuvieron ningún problema en conculcar el espíritu de los mismos. Este coche usado tampoco encuentra dueño.

Sin embargo, la mejor manera de que se recupere la confianza es a través de la regulación mediante valores. Pero serán los valores exigidos por los inversores, no los producidos por las ensoñaciones de los gestores, quienes suelen utizarlos para atizar garrotazos al enemigo. Sin ir más lejos, algunos de los principales inversores institucionales del mundo están reunidos ese fin de semana en Milán para acordar una mayor presencia en el Gobierno de las empresas y una mejor defensa de sus intereses (por cierto: ¿qué hacían antes?). Además, algunos de esos inversores institucionales, como es el caso de Calpers, creen que es arriesgado invertir en empresas que sólo se ocupan de sus accionistas; la razón es que con bastante frecuencia sus gestores terminan ocupándose en exclusividad de ellos mismos.

Lo que viene es el ejercicio de derechos por parte de los ahorradores y la confirmación de que las empresas son demasiado importantes como para dejarlas al cuidado único de los gobiernos y los directivos.

Alberto Lafuente Félez es catedrático de la Universidad de Zaragoza.