Solo una de cada cuatro comunidades ha activado un plan de urgencia para ahorrar energía
Hay casos honrosos, pero en líneas generales las comunidades arrastran los pies en materia de ahorro energético. En una coyuntura de creciente incertidumbre y pesimismo sobre lo que puede estar por venir en Europa el próximo invierno, y con la manija del gas natural en poder del siempre imprevisible Vladímir Putin, apenas uno de cada cuatro Gobiernos autonómicos ha aprobado hasta la fecha un plan específico de reducción del consumo en edificios públicos, empresas u hogares.

Aunque aún se encuentra en fase de elaboración del gran plan de contingencia que llevará a Bruselas en septiembre, el Gobierno central presentará este lunes un decreto para embridar al sector privado con limitación de temperatura en los termostatos y prohibición a las puertas abiertas de par en par en los comercios. A finales de mayo ya había publicado un decreto de ahorro de energía en la Administración General del Estado (AGE) que pasaba por rebajar la temperatura y reducir el horario de encendido de luces en edificios públicos, así como por fomentar el teletrabajo y acelerar la instalación de paneles solares para autoconsumo.

Ante la falta de acción por parte de las comunidades, que ha causado un cierto malestar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera remitió una carta a mediados de julio a los consejeros autonómicos del ramo en la que enfatizaba la necesidad de “actuar con ejemplaridad” y “hacer extensivo al ámbito de la Administración autonómica las medidas de ahorro, eficiencia energética y movilidad sostenible”. Las medidas del plan general de la AGE, decía la misiva —a la que ha tenido acceso este diario—, “pueden ser una referencia aplicable a la mayoría de edificios e infraestructuras de vuestra administración”.

Este jueves, tras la Conferencia Sectorial de Energía —el cónclave de los consejeros autonómicos con el ministerio—, la vicepresidenta tercera profundizó en su mensaje de urgencia para que las comunidades asuman su cuota de responsabilidad: “En el actual contexto internacional, es más importante que nunca que todas las administraciones hagamos un esfuerzo adicional, porque todo lo que podamos activar antes de que llegue el invierno nos ayudará a cumplir nuestros objetivos europeos”.

De entre los Ejecutivos autónomicos que sí han presentado ya un plan concreto de ahorro, uno destaca por su grado de detalle: el del País Vasco, que ha visto la luz esta misma semana y que impondrá límites de temperatura y promoverá la eficiencia en la iluminación y en los aparatos electrónicos, además de impulsar el teletrabajo y las reuniones telemáticas. El Gobierno de Iñigo Urkullu quiere implicar en esta estrategia al resto de las instituciones (diputaciones y ayuntamientos) para que las acciones sean “ejemplarizantes” y se puedan extender a la industria y a los hogares. Aunque no se ha fijado un objetivo concreto de ahorro de gas, la idea es cumplir la directriz europea de rebajar un 15% el consumo de energía.

También destaca el caso de la Xunta de Galicia, que, para prepararse “para un eventual escenario de corte en el suministro de gas por parte de Rusia”, ha elaborado un plan de ahorro energético en hogares, empresas y administraciones públicas, y ha aumentado los fondos destinados a las ayudas que ya existen para la mejora de la eficiencia de las instalaciones. Se incluyen recomendaciones y propuestas para disminuir el consumo de energía y combustibles, y detalla una serie de consejos para las familias —como cocinar con ollas a presión o evitar abrir la puerta del horno porque se pierde el 20% de la energía acumulada— al tiempo que llama a las empresas a mejorar su logística evitando desplazamientos y fijándose metas de reducción de consumo. En los edificios públicos se apagarán los equipos informáticos “cuando no se utilicen” y se “optimizará” el alumbrado exterior.

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Navarra, por su parte, se adelantó en abril al propio Gobierno central con un acuerdo para implantar medidas de ahorro de gasto y eficiencia energética en la Administración foral y sus organismos autónomos. Se limitan los desplazamientos no habituales por razones de trabajo de los empleados públicos, se fomentan las videoconferencias para evitar traslados innecesarios y se está renovando la flota del Ejecutivo para priorizar el uso de vehículos eléctricos o híbridos. Además, se fija un límite de 24 grados en el aire acondicionado y de 20 en la calefacción; se instalarán sensores de presencia y de regulación automática de la luminosidad; y se implantarán instalaciones de autoconsumo en todos los edificios públicos que lo permitan. Según los cálculos del Ejecutivo foral, estas disposiciones posibilitaron un 9% de ahorro en su primer mes de aplicación en comparación con el año pasado.

Algo similar ocurre en Baleares, que acaba de anunciar una orden de reducción del consumo energético en instituciones y edificios públicos de entre un 10% y un 20% —un rango ambicioso, al menos sobre el papel—, con una reducción de la temperatura hasta los 21 grados en invierno y los 26 en verano. El objetivo esgrimido por el Gobierno insular es más bien ambiental, pero el contexto en el que se ha anunciado es claro: en plena guerra y con toda Europa atándose los machos por lo que puede estar por venir.

Castilla y León, entretanto, aunque no ha lanzado un plan de choque concreto y detallado, sí ha tomado medidas orientadas a optimizar el consumo energético y a reducir el peso de las energías de origen no renovable. Como en el resto de autonomías, se buscará reducir la demanda energética en edificios públicos y se buscará dar un impulso al autoconsumo y a la movilidad sostenible.

A renglón seguido, las autonomías que no han lanzado planes concretos de ahorro y eficiencia. En Andalucía, el impulso de Bruselas y los Estados miembros ha pillado a la región en pleno cambio de carteras en el Ejecutivo regional, donde la competencia de Energía también ha ido a parar a otra consejería. En Murcia, aunque el Ejecutivo regional ha iniciado la elaboración de un plan de choque para la reducción y optimización del gasto energético —con iniciativas para avanzar en el empleo de tecnologías más eficientes y sostenibles—, este sigue sin ver la luz. La Rioja, por su parte, está tramitando una ley de Cambio Climático que contempla regular la temperatura en establecimientos y auditorías energéticas en el sector público, entre otras. Pero no tiene un programa concreto de ahorro vinculado con la actual situación de guerra y dudas sobre el suministro en Europa.

La Comunidad Valenciana tampoco ha elaborado un plan específico de ahorro energético a raíz de la guerra de Ucrania aunque, desde 2016, está implantando medidas encaminadas a lograr un nuevo modelo basado fundamentalmente en fuentes de energía renovables. Lo que sí ha aprobado el Gobierno del Botánico es un decreto para la simplificación y agilización administrativa con el fin de favorecer la instalación de plantas de energías renovables y facilitar su aprobación.

Cantabria, por su parte, ha establecido algunas pautas para ahorrar energía eléctrica, pero fuentes de su Ejecutivo afirman que “para hablar de un plan de ahorro hay que saber lo que plantea el Gobierno central”. En una situación parecida están la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cataluña y Asturias. Canarias, con las dinámicas propias de un territorio insular, tampoco ha aplicado medidas específicas, pero fuentes del Ejecutivo insular afirman estar “adaptando las medidas nacionales” a su “contexto y nuestras especificidades”. Este diario trató, sin éxito, de contactar con los gobiernos aragonés y castellanomanchego.

Con información de Sonia Vizoso (A Coruña), Mikel Ormazabal (San Sebastián), Lucía Bohórquez (Palma), Juan Navarro (Valladolid), Eva Saiz (Sevilla), María Fabra (Valencia), Amaia Otazu (Pamplona), Virginia Vadillo (Murcia), Manuel Viejo (Plasencia), Camilo S. Baquero (Barcelona), Berta Ferrero (Madrid) y Guillermo Vega (Las Palmas de Gran Canaria).