La UE acepta reunirse con el Gobierno por la construcción ilegal de Artea
El de Artea es el primer caso de un proyecto en Euskadi que, por cuestiones medioambientales, alcanza la calificación de infracción contrastada por las autoridades comunitarias. La queja formal se planteó hace tres años por parte de HB y en marzo de 2000 la Comisión Europea abrió el denominado procedimiento de infracción ambiental contra España, aunque el tema es competencia del Gobierno vasco.

En enero pasado, Bruselas consideró 'insatisfactoria' la respuesta de las autoridades españolas y envió el dictamen motivado. Esta decisión implica la obligación de que el infractor se ajuste a la normativa comunitaria, aunque el mandato no es vinculante. Pero, en caso de ser desoído, el asunto pasaría a manos del Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo. Si esta instancia confirma la ilegalidad, podría imponer una elevada multa al infractor (en este caso el Gobierno vasco) hasta que se solucione el problema, una situación que ya ocurrió el pasado año en Grecia.

Tres directivas

La Comisión Europea considera que en la construcción de Artea sobre el antiguo vertedero de Zuazo, en Leioa, se han vulnerado tres directivas comunitarias: las de residuos peligrosos, de evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y de protección de aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

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Pocos días después de difundirse el envío de este dictamen motivado [ver EL PAÍS del 11 de febrero], el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco se puso en contacto con la Dirección de Medio Ambiente de Bruselas con el fin de ofrecer nuevas explicaciones sobre Artea. El Ejecutivo, que el pasado año ya expuso sus alegaciones cuando se abrió el procedimiento de infracción, estima que no ha incumplido ninguna directiva comunitaria puesto que se ha limitado a acondicionar un vertedero. Aduce, además, que sólo 'una zona menor' del aparcamiento de vehículos se levanta sobre el antiguo basurero y que, en su opinión, su actuación 'ha logrado una reducción de los parámetros contaminantes en un porcentaje próximo al 98%'.

Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente ha señalado que la CE les ha comunicado verbalmente su disposición a mantener la reunión solicitada y que se está 'a la espera de que nos concreten la fecha'. Ésta será la última oportunidad del Ejecutivo vasco para convencer a Bruselas de su actuación y evitar que se haga cumplir la normativa comunitaria o que el asunto pase a la vía judicial.

La incógnita será, de no prosperar los intentos del Departamento de Medio Ambiente, cómo se resuelve el dictamen de la CE, puesto que el vertedero está enterrado bajo los 70.000 metros cuadrados que ocupa el complejo comerial de Artea, inaugurado en abril de 1998 tras una inversión de 19.000 millones de pesetas.

Durante la investigación de las autoridades europeas se ha tenido muy en cuenta un concluyente informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil elaborado en marzo de 1998. En él se señalaba que el suelo donde se ubica el centro comercial 'no ha sido totalmente descontaminado' y constataba la existencia de 'altas dosis de HCH [residuo de lindane] y arsénico'. Hay grandes cantidades de arsénico, añadía, 'en acuíferos superficiales y charcas ajenas al vertedero y alejadas. La flora y la fauna del entorno están en peligro'. El Seprona censuraba la falta de la evaluación de impacto ambiental y el riesgo de contaminación para la salud humana.