Bruselas recela de la reforma de las pensiones y cree que puede generar un alza de gasto público
La Comisión Europea ha advertido hoy a España del riesgo de un "agujero fiscal significativo" en el sistema de pensiones, por lo que ha instado al Gobierno a completar todas las medidas pactadas en este ámbito para garantizar su sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Bruselas se refiere con este llamamiento a la necesidad de completar la segunda parte de la reforma de pensiones comprometida con la Comisión para la segunda parte del año, como hito requerido para un nuevo desembolso de 10.000 millones de euros que seguirá a los 12.000 milones autorizados hoy.

Así, desde Bruselas sí han dado el visto bueno a los compromisos en materia de pensiones incluidos en la primera fase de su reforma y que ya han sido aprobados, como el nuevo mecanismo de revalorización que vincula las pensiones al IPC y los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación de forma que esté más en línea con la legal, así como la nueva regulación de los planes de pensiones de empleo en las empresas; y el futuro sistema de cotización de los trabajadores autónomos, que podría ser acordado en horas o días.

E, igualmente, incluye en este paquete de medidas ya aprobadas el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad que adoptó el anterior gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, y del que, sin embargo, Bruselas desconfía al asegurar que "es probable que derive en un incremento importante del gasto público en proporción al PIB con el paso del tiempo".

De esta manera, Bruselas da luz verde a todas estas medidas, pero, al mismo tiempo, su análisis también expresa preocupación con respecto al impacto que tendrán sobre la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones, por lo que llama a completar el resto de reformas pactadas con las autoridades comunitarias en este ámbito antes de que acabe el año.

Entre las reformas comprometidas que aún están pendientes de negociarse a partir de ahora y hasta fin de 2022 --y entre las que, según se desprende de la advertencia de Bruselas, deberían incluirse futuros ajustes del gasto en pensiones-- están la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones por jubilación y la adecuación de la base máxima de cotización, además de una actualización de las proyecciones que tengan en cuenta el impacto de todas las reformas de las pensiones adoptadas este año y el pasado.

Cálculos demasiado optimistas por parte de España

El énfasis puesto por Bruselas a que la segunda parte de la reforma de pensiones amarre el gasto en un futuro no muy lejano obedece a su propio análisis según el cual cree "plausibles" las estimaciones del Gobierno español que apuntan a un aumento del gasto en pensiones en 2050 equivalente a 2,7 % PIB, pero considera optimistas las previsiones sobre el ahorro derivado del alargamiento de la edad efectiva de jubilación, que España sitúa a mitad de siglo entre un 1,1 % y un 1,6 % del PIB.

"Los servicios de la Comisión consideran que la reforma (para alinear la edad efectiva de jubilación con la legal) generará ahorros fiscales, pero conseguir ahorros que lleguen al límite inferior y seguramente por encima está sujeto a una incertidumbre muy alta", advierte.

Por todo esto, señala que "debe atajarse el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo como consecuencia de las medidas adoptadas" para cumplir con el compromiso de garantizar la sostenibilidad de las pensiones a corto, medio y largo plazo.

Bruselas hará este análisis en profundidad sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando evalúe las reformas e inversiones que desbloquean el cuarto tramo de ayudas directas, que asciende a 10.000 millones de euros, pero el documento publicado este lunes ya adelanta algunas consideraciones.