El Gobierno devuelve a los estibadores el poder de la contratación en los puertos
El Gobierno ha dado marcha atrás con la estiba. Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han introducido una enmienda en las Cortes que altera el régimen de contratación de los estibadores en los puertos. Este jueves se aprobará al estar incluida en la ley de consumidores vulnerables, que cumplirá su último trámite en el Congreso tras haber pasado la semana pasada por el Senado. El nuevo articulado restituye un sistema similar al anterior a la sentencia europea de 2014, que obligó a liberalizar la estiba. Con el cambio, se devuelve el control de la contratación a los sindicatos, que ganarán fuerza al permitirse que sea el convenio colectivo el que marque “las especificaciones necesarias” para esta actividad.

La enmienda define los centros portuarios de empleo como la fórmula “óptima” para satisfacer las necesidades de personal cualificado en la carga y descarga de mercancías. Estos centros, que tendrán carácter mutualista, serán propiedad conjunta de empresas y trabajadores. Y los socios de estos se comprometen a que “contribuirán al mantenimiento del empleo y garantizarán la ocupación efectiva del centro portuario de empleo”, señala el texto legal. Es decir, se cierra el paso a la posibilidad de despidos colectivos, algo que introdujo el Gobierno del PP en 2017, y se dificulta que las empresas puedan tirar de trabajadores que no pertenezcan a estas sociedades. “En la práctica, se vuelve a configurar los centros de cada puerto como la empresa que controla la contratación y, al vincularlo al convenio colectivo y a la fuerza de los trabajadores, se restablece el mando de los estibadores”, explica un jurista consultado.

No obstante, la redacción especifica algunas salvaguardas para intentar sortear la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y la legislación comunitaria. El fallo declaró que no se podía obligar a contratar con carácter prioritario a los trabajadores que pertenecían a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Así que el texto legal recoge ahora la posibilidad de contratar personal de empresas de trabajo temporal y establece que es voluntaria la pertenencia de las empresas a los centros portuarios de empleo.

Pero estas salvedades en realidad esconden letra pequeña. Aunque las empresas tienen la opción de salirse de los centros que gestionarán la contratación, si lo hacen perderán el acceso prioritario al personal cualificado, algo muy perjudicial en los momentos de alta demanda. Además, pese a que en teoría las compañías pueden escoger entre operarios de estos centros o de empresas de trabajo temporal (ETT), al garantizarse en la ley la ocupación efectiva de los primeros, en la práctica se limitará la posibilidad de contratar empleados de otros colectivos. De esta forma, los nuevos centros portuarios de empleo se parecerán mucho a la antigua Sagep que impugnó la sentencia europea de 2014 y que no se suprimió hasta 2017, cuando el Gobierno de Rajoy se vio obligado por las multas a las que tenía que hacer frente.

“Es una trampa. Por ejemplo, solo se podrá tirar en realidad de las ETT cuando no haya trabajadores disponibles en los centros portuarios de empleo”, critica Joaquim Coello, presidente de la patronal Asoport, que representa principalmente a las empresas pequeñas y medianas. Anesco, la asociación en la que están las compañías de mayor tamaño y que generan un 75% del empleo, prefiere evitar hostilidades. En un momento de crisis global de suministros, no les interesa que vuelva la conflictividad a los puertos. “Las compañías priorizan la estabilidad y la seguridad jurídica, algo que creen que existe con los cambios de la enmienda”, aseguran fuentes de esta patronal. Los principales sindicatos de estibadores, por su parte, consideran que se trata de un cambio necesario para cerrar un conflicto aún pendiente. Es decir, la mayoría hace la vista gorda aunque existen dudas acerca del cumplimiento de la legislación comunitaria.

El Ministerio de Transporte sostiene que no hay riesgo legal con esta modificación. “Mantenemos la compatibilidad de nuestra regulación con la normativa europea y con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, ponemos las bases para que la estiba pueda evolucionar en un clima de paz social”, explican fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez. En este mismo punto incide César Ramos, del Grupo Socialista: “Lo que buscamos es dar algo más de certidumbre a los trabajadores de la estiba”.

Más costes y fuga de empresas

Al reforzarse la falta de competencia entre trabajadores, las compañías soportan unos costes laborales superiores. Esto lo sufren especialmente las firmas medianas y pequeñas, ya que para las grandes es un sobrecoste asumible: tienen margen y, además, les supondría un perjuicio económico mayor la paralización de barcos en ruta por la falta de estibadores.

Por este motivo, las compañías avisan de posibles consecuencias. Asoport, la asociación más beligerante sobre este asunto, adelanta: “Habrá una marcha de empresas de los centros portuarios de empleo”, dice Coello. Esta salida se justifica por la pérdida de competitividad que les podría ocasionar unos mayores costes laborales, aunque la respuesta será muy diferente en función del volumen de trabajo que tengan. Ni Anesco ni los sindicatos esperan que ocurra una fuga significativa. Tampoco Puertos del Estado. “Con el cambio se cierra el asunto y esperamos que, si hay salidas, sean mínimas”, zanjan fuentes del organismo público.