Bruselas estudia excluir el gas del ‘pool’ eléctrico para abaratar la factura
Lo que no habían conseguido durante años los ­lobbies contrarios al sistema de precios marginales de la electricidad parece que lo va a conseguir, al menos temporalmente, la guerra declarada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania. El Consejo de Energía extraordinario celebrado ayer en Bruselas, previo informe de la Agencia puso encima de la mesa, a de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), excluir de los mercados mayoristas (pool) de la electricidad la generación con gas natural a través de las centrales de ciclo combinado. El gas cotizó ayer a 107 euros/MWh, lo que hizo más que duplicar el precio de la electricidad, hasta casi 259 euros/MWh para hoy.

Esta medida, una las primeras peticiones que el Gobierno español hizo a Bruselas para frenar la escalada de los precios de la luz desencadenada el pasado verano, fue considerada poco menos que una herejía que ponía en cuestión el modelo de mercado europeo de la energía. Hasta que el problema ha llegado a Alemania y a su industria, coinciden en fuentes del sector. El conflicto bélico ha acabado con cualquier posibilidad de que Rusia aumente su oferta de gas a Europa (la puesta en marcha del nuevo gasoducto entre Rusia y Alemania, Nord Stream 2, se ha paralizado) y el riesgo de que cierre el grifo de los tubos en funcionamiento es una clara amenaza.

Más allá de los hipotéticos problemas de suministro, los precios del gas van a seguir imparables y aunque la producción de electricidad con este combustible no llega al 20% anual es la responsable de que el resto de tecnologías (como la nuclear, que es rentable a 60 euros/MWh o las renovables, la mayoría con una rentabilidad garantizada por ley) cobren el precio que marcan los ciclos combinados.

Fuentes políticas aseguran que, “a medida que se ha ido consolidando un escenario de precios altos, países contrarios a sacar el gas del pool, han ido relajando sus posiciones” y han dejado atrás lo que calificaban como “la histeria española”. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, enviaron el pasado miércoles otra carta a la Comisión reclamando medidas urgentes.

Pese a la resistencia de la comisaria de Energía, Kadri Simson, los países miembros han dado un paso hacia adelante aprovechando “la barra libre” que ha propiciado la guerra de Ucrania, para debatir sobre el desacoplamiento del gas del pool. El incumplimiento de las normas comunitarias por la excepcionalidad del conflicto bélico, no se limita al ámbito energético, sino también al de la defensa, como enviar armamento a una zona de conficto, las normas Covid para pasar las fronteras o a la política de refugiados.

Las fórmulas son varias: fijar un precio regulado o límite para los ciclos; que estos queden fuera de las subastas diarias y entren por el mercado de restricciones técnicas o que reciban pagos por capacidad. A las centrales de gas se les garantizarían sus costes (ellas son las menos beneficiadas de los altos precios porque, a diferencia del resto de tecnologías, sí pagan la materia prima) y no contaminarían con su precio al resto.

El PVPC español

En España, las compañías eléctricas insisten en que buena parte de su producción no se vende en el pool, sino directamente a los clientes, a través de contratos bilaterales a plazo. En todo caso, los altos precios afectan a todo el mercado.

Además, España tiene un problema grave y particular: el precio regulado de los domésticos (PVPC) y que deben contratar los consumidores vulnerables que quieran acogerse al descuento del bono social, está indexado a los precios diarios del pool. Estos se han comido este beneficio por lo que muchos vulnerables podrían estar pagando más que otros consumidores en el mercado libre.

De ahí, la insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que hasta ahora solo tenía de su parte a Italia, Francia y algunos países del Este, en encontrar una solución. A ella puede contribuir el pánico en el que están sumidos los ministros de Economía de la UE y el Banco Central Europeo ante el grave problema inflacionario y, por tanto, macroeconómico, al que se enfrenta Europa en medio de un futuro muy incierto.