La crisis entre CDC y UDC se extiende al Parlament y a varios municipios
Los dirigentes de Unió Josep Antoni Duran Lleida y Ramon Espadaler en la sede de Unió. Carles Ribas

La nueva crisis abierta entre Convergència y Unió por el pacto antiterrorista está complicando la gestión de otros desacuerdos que ya llevan semanas minando la cohesión de la federación nacionalista. Aunque los dirigentes de CiU mantienen contactos para que el malestar no se desborde justo antes de comenzar el ciclo electoral, los conflictos no dejan de acumularse. Unió ha hecho llegar a Convergència una serie de advertencias sobre asuntos que la federación debe abordar y que hoy por hoy siguen sin resolver. Entre ellos destaca la pugna por las listas electorales en varios municipios y la batalla que el departamento de Salud de la Generalitat y el de Interior mantienen por la regularización de las asociaciones cannábicas.

La dirección de Unió hizo este lunes una lista exhaustiva de los asuntos que considera prioritarios y que no se están resolviendo como querrían los democristianos. Unió entiende que la acción del Gobierno catalán se ha orientado excesivamente a contentar las exigencias de Esquerra Republicana y que por el camino han quedado algunas de las reivindicaciones más importantes del partido de Josep Antoni Duran Lleida.

Por esta razón, Ramon Espadaler llamó a dedicar los escasos seis meses que quedan de legislatura a fomentar políticas que potencien “la familia como eje vertebrador de la cohesión social”. Esto debería traducirse en acelerar leyes como la de no discriminación, que Unió reivindica desde hace meses en un intento de demostrar a su electorado que el Parlamento catalán esta legislatura no se ha limitado a proteger al colectivo gay, lésbico y transexual mediante la ley contra la homofobia. “Queremos una ley de no discriminación en sentido amplio, que evite cualquier discriminación por motivos religiosos o de color de piel”, dijo Espadaler.

Convergència no es ni mucho menos contraria a esta ley global contra la discriminación pero ya advierte de que no será posible aprobarla en lo que queda de legislatura. Fuentes del departamento de Bienestar y Familia explicaron ayer que su previsión es llevarla al Parlament para que comience su tramitación antes del verano, esto es justo antes de la disolución de la cámara. O sea, que el texto quedará en el aire. A raíz del último desacuerdo en el Congreso, fuentes de Unió aseguran que en breve podrían hacer lo mismo en el Parlamento catalán y romper la disciplina de voto en algún asunto “sensible”.

El otro frente que siembra discordia entre Unió y Convergència son los intentos que ha hecho el departamento de Salud de la Generalitat para regular los clubs de fumadores de cannabis. Unió rechaza de plano cualquier flexibilización al respecto y solo acepta que se impulse la regulación del cannabis con fines terapéuticos. Según Espadaler "la regulación con finalidades no terapéuticas ya existe en el código penal". Con todo, la semana pasada el Parlamento catalán aprobó en comisión, con el único voto en contra del PP, una propuesta de resolución que insta a proceder a esta regulación.

A corto plazo lo que puede desestabilizar seriamente la federación son las listas para las elecciones municipales. Los dos socios mantienen desacuerdos de fondo en poblaciones como Malgrat de Mar (Maresme), Roses (Alt Empordà), Tarragona y Vic (Osona). El conflicto más grave se da en esta última localidad. Los dos partidos se disputan el primer puesto de la lista de CiU y los dos llevan meses promocionando a sus candidatos por separado. Se trata de Anna Erra por parte de Convergència y de Josep Arimany por parte de Unió. A nivel local los dos partidos no han logrado ponerse de acuerdo y ahora están pendientes de un acuerdo a escala catalana. Las dos partes han insinuado que podrían romper y presentarse por separado, algo que podría hacer peligrar una alcaldía que ha estado en manos de CiU desde la restauración de la democracia.