El alud de recursos provoca un atasco
Además de las protestas que desde el verano se vienen protagonizando por parte de los distintos colectivos de trabajadores de la Administración andaluza, el Decreto Ley 5/2010 ha tenido un efecto perverso en los servicios jurídicos de la Junta. De un lado, los recursos interpuestos por los distintos sindicatos (UGT, CCOO, CSI-CSIF y SAFJA, entre otros) y por distintas vías jurisdiccionales han provocado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz tuvieran que contestarlos con urgencia el pasado verano, tanto los recursos presentados como demanda ante el TSJA por la vía especial de protección de derechos fundamentales, como los emplazados en la vía ordinaria contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que dio origen al citado Decreto Ley 5/2010. Pero es que, posteriormente, la Junta ha recibido notificación de multitud de recursos presentados a título individual por cientos de funcionarios, que han llegado a saturar los servicios jurídicos centrales de la Junta en las últimas semanas.

Fuentes sindicales indicaron que este aluvión de recursos podría superar los 2.000, mientras que desde la Junta se admitía que se estaban recibiendo "muchos" y que "el índice de litigiosidad era más elevado que de costumbre", aunque no acertaban a dar una cifra concreta.

Por otro lado, la Junta ha iniciado una negociación con los dos sindicatos presentes en la Concertación social, Comisiones Obreras y UGT, con los que parece haber llegado a bastantes puntos de acercamiento. Para mañana está previsto que ambos sindicatos presenten una propuesta de acuerdo que incluiría, además de la salvaguarda de derechos de funcionarios y empleados públicos, así como el mantenimiento del empleo de los entes instrumentales, la adscripción a la Consejería de Medio Ambiente de la Agencia Andaluza del Agua. Este ente, que agrupa al personal de la Administración del Estado transferido con las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, ha sido quizá el más beligerante y opuesto a su adscripción, junto con la empresa pública Egmasa, a una nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Igualmente, UGT y Comisiones Obreras han acordado proponer la adscripción de colectivos de difícil encaje en el decreto, como es el caso de los interinos de la Consejería de Igualdad dedicados a la valoración de la Dependencia, para su posible integración en la nueva Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.