Medio Ambiente multa a cuatro empresas tras su plan de inspecciones
El Gobierno ha impuesto cuatro sanciones, dos de ellas graves, a otras tantas empresas por deficiencias medioambientales. Las multas se han producido tras las inspecciones que inició el Departamento de Medio Ambiente a finales de 2003, dentro de su primer plan de control de la actividad industrial. El último informe, que corresponde a 2007 y analizó a 162 sociedades, indica que un 42% de las compañías inspeccionadas carecía de licencia de apertura y un 59% no tenía legalizados sus focos de emisión cuando fueron visitadas por vez primera.

Tres de las cuatro empresas sancionadas han pagado las multas y la otra, a la que se le impuso una sanción grave (100.000 euros), ha recurrido a los tribunales, según fuentes de la consejería. Una de firmas que ha pagado su multa, una multinacional del sector siderúrgico, también se plantea acudir a la Justicia. No quiere que se cataloguen sus deficiencias como graves por su prestigio y para que no aparezca esa calificación en su historial.

Una de las firmas multadas, con falta grave, ha recurrido a los tribunales Un 59% de las 162 analizadas en 2007 no tenía legalizado ningún foco emisor

La única de las cuatro cuya identidad se conoce es Finsa Inama, dedicada a la fabricación de aglomerado de madera y ubicada en la reserva de la biosfera de Urdaibai, a la que el Gobierno le impuso dos multas leves hace año y medio por deteriorar el medioambiente y funcionar sin tener legalizados veinte focos de emisión. Es posible que él caso de esta compañía termine en los tribunales, ya que un juzgado estima que hay indicios suficientes de un delito contra el medioambiente por sus emisiones, vertidos y superación de los límites legales de ruidos.

Desde que se inició este plan de inspecciones hace seis años, en los que se han analizado más de 400 empresas, sólo ha habido dos casos de compañías que se han negado a que los inspectores visiten sus plantas, según los medios consultados. El primero fue en los inicios del plan y el segundo, hace un mes. A ambas empresas se les impuso una multa de 50.000 euros.

Medio Ambiente ha cerrado parcialmente cuatro plantas durante varios días por sus afecciones al medioambiente. La última vez fue a principios de octubre en una factoría de Vizcaya y el cierre se prolongó durante cuatro días. Estas decisiones no se toman con motivo de las inspecciones previstas en el plan, sino por denuncias concretas o por las anomalías detectadas por la red de calidad del aire, que cuenta con más de 70 estaciones distribuidas en los tres territorios.

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La paralización de una actividad industrial en Euskadi era inusual hasta ahora. Sólo había habido dos casos concretos: en 1994, el de la empresa química Rontealde en Barakaldo, por un escape que ocasionó la muerte de un vecino en Barakaldo; y en 2004, Plastificantes de Lutxana, también en esta localidad, que permaneció inactiva un mes. La parada de la actividad de una empresa puede suponer la pérdida de más de 500.000 euros.

Lo que sí han relevado las inspecciones son importantes deficiencias en las empresas. Este plan de control de la actividad industrial obliga a presentar cada año una memoria. La última, referida a 2007, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que un 18% carecía de licencia de actividad en la primera visita realizada por los inspectores. El plan del Gobierno prevé que, después de este análisis, se realice un informe, que se remite a la empresa, con las medidas correctoras para adecuarse a la normativa. La compañía debe presentar un plan de adecuación en un plazo de dos meses y, tras este trámite, se realiza una visita de seguimiento. En el posterior control, se comprobó que un 10% seguía sin licencia de actividad. Peor se encontraban las licencias de apertura, de las que carecía el 42% de las 162 firmas analizadas. Tras la visita de seguimiento, la cifra se redujo al 27%.

El tercer aspecto analizado fueron los focos de emisión a la atmosfera: el 59% de las compañías no tenían ninguno de ellos legalizados. Tras la inspección, apenas se solventó esta carencia, puesto que persistían esta deficiencia en el 56% de los casos. También se descubrió que un 30% de las firmas inspeccionadas no tenían ningún permiso de vertidos. La visita de control mostró que el problema persistía en un 26%. La autorización para ser productor de residuos peligrosos no existía en el 68% de las empresas, un porcentaje que bajó al 52% cuando se efectuó la visita de seguimiento.

En relación con los ruidos, sólo un 10% no cumplía los límites legales, pero lo que más llama la atención es que un 60% no había efectuado ningún tipo de medición de la contaminación acústica -"pueden o no cumplir con los límites impuestos", señala el informe-, un porcentaje que sólo baja al 46% tras las segundas inspecciones.

El informe del Gobierno establece el grado de cumplimiento global de las 162 empresas basándose en si tienen las autorizaciones de actividad, de instalaciones potencialmente contaminantes, vertido y el registro de productor o gestor de residuos peligrosos. Concluye que un 17% de las compañías carecían de alguno de estos cuatro permisos. Después de la segunda visita de la inspección, sólo el 16% los cumplía en su totalidad. Fuentes de Medio Ambiente señalan que los problemas más graves se concentran en las empresas de fundición y la mayor transparencia se da en las químicas, la automoción y las acerías.

Los siete inspectores se amplían a 10 El Departamento de Medio Ambiente cuenta con una plantilla de siete inspectores. Las campañas de control se refuerzan con la contratación de equipos externos, una quincena de personas. Con este personal, a cada uno le toca la inspección de una media de ocho empresas al año. "Aunque hay casos como Petronor que te lleva un mes", señalan. La consejería va a ampliar los inspectores en tres más, con el fin de que haya al menos dos en cada uno de los tres territorios (ahora hay seis en Álava y uno en Guipúzcoa). El modelo de inspección es variado en Europa e incluso en España. En Cataluña, por ejemplo, la ley obliga a las empresas a pagar estas revisiones, mientras en Euskadi las costea la Administración. Los planes de control se han realizado en las cerca de 300 empresas más contaminantes (las que han tenido que tramitar este año el nuevo permiso, la autorización ambiental integrada). Los análisis se han extendido a las llamadas zonas especiales de riesgo: la reserva de Urdaibai, debido a los acuíferos que tiene, la cabecera de Agurain por los humedales y el sistema Zadorra, donde están los embalses. A estas zonas se han unido otras donde ha habido denuncias concretas, como un polígono en Hernani o municipios donde sus alcaldes han pedido inspecciones. Este primer plan tenía vigencia hasta 2007, por lo que su renovación ya lleva retraso. La intención es que, tras haber analizado las grandes empresas, la revisión se amplíe en los próximos años a las pymes en sectores como plásticos, resinas o PVC.