Sindicatos y bufetes recelan de la regulación de los abogados
Una semana después de su entrada en vigor (el sábado 18 de noviembre), el Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en bufetes individuales o colectivos, no hace más que encontrar escollos en su camino. Y no es por falta de aplicación, porque como reconoce el socio director del área laboral de Cuatrecasas y catedrático de Derecho del Trabajo, Salvador del Rey, 'difícilmente habrá un despacho de abogados en España que rehuse a cumplir con la ley'. Otra cosa es que estén de acuerdo con ella. La mayoría de los bufetes hubiera preferido mantener la situación anterior, pero las negociaciones previas a la publicación de la norma han suavizado algunos aspectos que les preocupaba especialmente. Aún así, el socio de Cuatrecasas considera que el real decreto contiene 'ámbitos de inseguridad jurídica'. Del Rey añade que para aclarar esos aspectos aún oscuros deberá esperarse hasta que culmine la tramitación del proyecto del trabajado autónomo y de la Ley de Sociedades Profesionales. En su opinión ambos textos legales afectarán de lleno a la profesión.

Pero quienes se han mostrado más activos en su rechazo a la norma recientemente aprobada han sido los sindicatos. Los gabinetes jurídicos de UGT y CC OO trabajan conjuntamente para ver si pueden impugnar la norma. Así lo asegura Tony Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Tienen un plazo de dos meses para recurrirla.

Las centrales sindicales niegan incluso la mayor. Es decir, creen que la relación laboral de los abogados no debería ser especial, al contrario de lo que remarca el real decreto. '¿Qué diferencia existe entre un abogado que trabaja en una empresa y otro que lo hace en un bufete?', se preguntan en CC OO. 'La nueva regulación afecta claramente al principio de igualdad. Los abogados deberían estar en el ámbito del estatuto de los trabajadores, como todos los demás', añaden tanto UGT como CC OO.

Ambos sindicatos argumentan que el decreto supone una 'grave pérdida de derechos laborales'. Hay varios aspectos sobre los que apoyan esta aseveración. Uno de ellos es el hecho de que no se considere jornada laboral el tiempo empleado en desplazamientos o esperas, algo a lo que están muy acostumbrados los abogados. También en este aspecto el socio de Cuatrecasas critica la norma, ya que recuerda que una de las peculiaridades que tienen los abogados es precisamente la dificultad de la medición del tiempo de trabajo 'Intentar aplicar rigideces temporales es un tema complicado', reconoce.

Pérdida de confianza

Pero si hay un aspecto sobre el que los sindicatos no pueden estar en mayor desacuerdo es en que se establezca como nueva causa de despido la voluntad del propietario del despacho 'por pérdida de confianza' y a un coste reducido. Argumentan que la intención única de ésta como de otras medidas incluidas en el decreto, es la de abaratar el coste del despido de los abogados.

Lo cierto es que el artículo 23 del real decreto reconoce que el titular del bufete podrá extinguir el contrato 'cuando exista una manifiesta y grave quiebra de la confianza entre el abogado y el titular del despacho que tenga su origen en la actuación profesional del abogado o en su relación con los clientes y así se acredite por el titular del despacho'. El abogado despedido, con independencia de que impugne la decisión de extinción de su contrato, tendrá la obligación de informar al despacho de la situación de los asuntos que tuviera encomendados y poner a disposición del mismo la documentación correspondiente.

Precisamente con esta intención la norma establece en 45 días el periodo de preaviso de la extinción de la relación laboral. 'Normalmente son 15 días o 30 en los casos de despido objetivo, pero 45 días parece un tiempo exagerado. Mantener durante 45 días a un trabajador al que le has comunicado que vas a despedir no tiene mucho sentido', opina Salvador del Rey.