Alianza nacionalista
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Siguiendo el camino trazado hace tres meses por la Declaración de Estella, que unió a toda la familia nacionalista tras la bandera común del ámbito vasco de decisión y ofreció a ETA la coartada para su tregua, el Gobierno de coalición formado por el PNV y EA contará no sólo con el respaldo de los 27 diputados de ambos socios (21 y 6, respectivamente), sino también con el apoyo desde fuera de los 14 escaños de Euskal Herritarrok, la coalición fletada por HB en vísperas de las últimas elecciones autonómicas. Hay buenos motivos para suponer que el ofrecimiento hecho a los socialistas por el PNV para negociar su incorporación al Gobierno sólo fue una cortina de humo orientada a contentar a los sectores moderados del electorado y a disimular la irreversibilidad de los compromisos con HB alcanzados en Estella. Tras las elecciones locales del próximo 13 de junio, no es descartable, por lo demás, la entrada de EH en la sociedad nacionalista constituida por el PNV y EA para gobernar los ayuntamientos y las diputaciones.El experimento iniciado esta semana por el nuevo lehendakari, Juan José Ibarretxe, tendrá elevados costes y un difícil recorrido. El apoyo del nacionalismo radical al nuevo Gobierno no implica por ahora ni el desarme definitivo de ETA, ni el cese de los disturbios callejeros organizados por Jarrai, ni la renuncia a seguir intimidando a los cargos públicos del PP; es bien sabido que los fascismos europeos del periodo de entreguerras alternaron diestramente el empleo de la zanahoria y el del palo contra sus adversarios para alcanzar el poder. El aprendizaje de los valores y de las reglas de la cultura democrática por los grupos violentos y autoritarios es un largo y costoso proceso sujeto a tensiones y vicisitudes: nadie puede afirmar a ciencia cierta que la tregua de ETA no sea una maniobra táctica ideada para acumular fuerzas y promover la reagrupación de las fuerzas nacionalistas tras su programa.

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Esa incertidumbre inconsolable legitima indistintamente las esperanzas, los temores y las incredulidades con que los optimistas, los cautelosos y los pesimistas han recibido al nuevo Gobierno vasco. Es cierto que el paso de los nacionalistas radicales desde el boicoteo, el obstruccionismo y la provocación en la Cámara de Vitoria a la participación activa y estable en sus trabajos modifica su tradicional actitud de rechazo frontal a las instituciones autonómicas: la aceptación puramente instrumentalizadora de la vía parlamentaria por una fuerza anti-sistema puede servir de antesala a la interiorización de las convicciones democráticas por sus miembros. Pero la dependencia histórica de HB respecto a ETA sitúa la caja negra de la toma de decisiones del nacionalismo radical fuera de los focos del debate público, impidiendo cualquier predicción racional sobre su comportamiento futuro; el solapamiento de legitimidades de la actual Mesa de HB y de la Mesa anterior condenada por el Supremo y todavía en prisión crea igualmente dudas acerca de lo que pudiera ocurrir en caso de conflicto.

El acuerdo firmado en Estella por el PNV, EA y HB reserva a los ciudadanos vascos de ambos lados de los Pirineos "la conformación de su futuro" y conmina a España, Francia y la Unión Europea a "aceptar la palabra y la decisión" de Euskal Herria. No sólo dos Estados democráticos europeos con más de cinco siglos de historia tendrían que modificar sus fronteras y sus ordenamientos constitucionales para cumplir órdenes dictadas extramuros de sus parlamentos. Además, la estrategia de Estella pretende imponer unilateralmente a todos los ciudadanos de Euskal Herria el programa nacionalista de territorialidad (léase anexión de Navarra y del País Vasco francés) y soberanía política (léase independencia) mediante decisiones tomadas por el Parlamento de Vitoria, por la proyectada Asamblea municipal o por referéndum. Ocurre, sin embargo, que los vascos nacionalistas, aunque mayoritarios por escaso margen en Guipúzcoa y Vizcaya, son minoritarios en Álava, poco representativos en Navarra y marginales en Francia: el elogiable deseo del PNV de recuperar para la democracia al 18% de votantes que respaldaron a EH en las últimas autonómicas ¿justificaría la exclusión del 50% de los ciudadanos que apoyan en las urnas a los partidos constitucionalistas en Euskadi y Navarra?