Sebastián sacará adelante el decreto eólico pese al rechazo mayoritario del sector
Existe un antecedente de cómo se puede aprobar in extremis una norma sobre retribución del régimen especial y las consecuencias que ello acarrea. Fue el llamado real decreto 436 que el último Gobierno del Partido Popular aprobó en su último Consejo de Ministros, el 12 de marzo de 2004, al día siguiente del atentado islamista de Madrid. Una medida que puso de manifiesto lo controvertida que puede llegar a ser cualquier modificación retributiva de las renovables en España.

A un mes escaso de las próximas elecciones generales, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, está intentando acelerar por todos los medios la tramitación del real decreto que regulará los parques eólicos que entren en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2013. Una propuesta contra la que ha alegado duramente la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que integra más del 90% del sector (generadores y fabricantes). Eso sí, a uno de sus principales socios y líder del mercado, Iberdrola, la propuesta le parece bien y así lo ha manifestado en su escrito ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Más concretamente, Iberdrola es partidaria de una metodología que cambia el actual sistema de suelo mínimo a cobrar, por el concepto de renta mínima anual. En otras palabras, primas que variarán en función del número de megavatios instalados el año anterior.

La AEE prefiere un vacío legal, aunque se paralicen las inversiones, que una norma "tan perniciosa" como la propuesta

Algo que no se encuentra "ni en los modelos más liberales", según aseguró ayer en una rueda de prensa José Donoso, presidente de la AEE. Este reiteró el contenido de sus alegaciones ante el regulador: que se trata, "en la práctica, de una moratoria" e incumple la ley eléctrica, al no garantizar la rentabilidad "razonable" de los proyectos.

Posición de Iberdrola

Respecto a la posición del socio Iberdrola, Donoso aseguró que "cada empresa tiene derecho a mantener sus propias posiciones. Nosotros defendemos la de la mayoría". En este sentido, recordó que la asociación está integrada por 225 empresas, y que no todos opinan lo mismo, pero "como somos democráticos aceptamos la opinión de la mayoría". Respecto a si el futuro dará o no la razón a Iberdrola, "el futuro lo dirá", subrayó.

Desde 2008, la AEE ha venido pidiendo al Gobierno una nueva propuesta de retribución para las nuevas inversiones, a la vista de que la actual regulación (el llamado decreto 661) caduca el próximo año.

Pese a la parálisis que supondría para el sector no tener una continuidad regulatoria antes de que se forme el nuevo Gobierno, Donoso fue ayer contundente: "Preferimos que no se apruebe un decreto tan pernicioso, incluso aunque se paralicen las inversiones".

Respecto a los mensajes contradictorios lanzados en privado por el titular de Industria, el presidente de la AEE se mostró convencido "de que quiere sacarlo adelante". Las negociaciones están totalmente rotas y, aunque desde algunos ámbitos se ha hecho circular que el ministerio ha mejorado los números (horas, años y umbral de primas) en la AEE no les consta. Los responsables de esta asociación dicen mantener contacto "con todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular", si bien, no desveló sus posiciones.

La asociación eólica presentó ayer un informe sobre el sector, elaborado por Deloitte, en el que destaca la reducción de la aportación al PIB de esta industria en 2010 (un 6,9% menos que el año anterior) y una reducción del empleo en 5.000 personas ese año, hasta 30.747.

La CNE seguirá analizando hoy la propuesta de Industria El consejo de la CNE comenzó ayer el debate para informar sobre la propuesta de real decreto eólico que le remitió el mes pasado el Ministerio de Industria. El regulador energético podría aprobar hoy un dictamen, que no es vinculante, cuyos plazos de tramitación están en el límite, ya que el decreto aún debe pasar por el Consejo de Estado antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. En general, las empresas representadas en el consejo consultivo de la electricidad, así como las comunidades autónomas, han sido muy críticas con un texto legal, cuyo contenido no ha sido modificado un ápice respecto al original. La CNE sí aprobó ayer el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regulan las actividades de gas natural. El objetivo es adaptar la normativa española al desarrollo regulatorio del proceso de liberalización en los países de la Unión Europea.