Soberanía tecnológica y soberanía digital
Hace casi dos años, durante los primeros confinamientos de la pandemia provocada por el Covid-19, el Instituto Fraunhofer publicó su primer documento sobre soberanía tecnológica. En dicho documento esta se definía como “la capacidad de un territorio (…) de suministrar las tecnologías que considere críticas para su bienestar, competitividad y capacidad de actuar y ser capaz de desarrollar dichas tecnologías o conseguirlas de otros territorios sin dependencias unilaterales”.

Si bien la debilidad tecnológica europea frente a Asia y a Estados Unidos era conocida, ha sido durante la pandemia que hemos podido aprender de primera mano sus consecuencias más negativas: retrasos en las entregas de las primeras vacunas por falta de fábricas locales, importaciones masivas y apresuradas de mascarillas, test, y todo tipo de material sanitario, fábricas de automóviles paradas por falta de componentes electrónicos fabricados en Asia, etc.

La solución de estos problemas no pasa porque Europa adquiera una posición independiente que garantice su autosuficiencia tecnológica. Los diseños autárquicos son siempre disfuncionales e ineficientes. Perseguir la soberanía tecnológica de Europa significa promover en ella capacidades que le hagan relevante y necesaria en dinámicas globales de cooperación e interdependencia mutuas con otras regiones. Algo que solo podrá hacer si fortalece sus capacidades tecnológicas para fomentar colaboraciones más equitativas y complementarias.

Posteriormente, el concepto de soberanía tecnológica ha sido ampliado por parte de algunos colectivos a fin de definir el poder de una sociedad civil para desarrollar capacidades tecnológicas desde ella y para ella misma. Algo que llevado al caso español nos obliga a recordar que planteamientos de esta naturaleza solo podrían hacerse viables si formaran parte de un diseño de política industrial que persiga la creación de empleo de calidad y la mejora de nuestra competitividad.

Complementaria a la idea de soberanía tecnológica es la soberanía digital. No en balde, es un concepto más amplio que ya definió tempranamente Pierre Bellanger en 2011 cuando afirmó que era “la capacidad de controlar nuestro presente y nuestro destino (...) mediante el uso de las tecnologías y las redes digitales”. Hablamos, por tanto, de un concepto que va más allá de los Gobiernos y a la industria, para extenderlo a los usuarios de redes, consumidores de contenidos digitales y ciudadanos que operan en la infoesfera. Aquí, la falta de soberanía digital en Europa está asociada a la percepción extendida socialmente de que no tenemos un control efectivo sobre nuestros datos.

Desde la Comisión Europea se está trabajando para avanzar hacia un entorno que garantice la protección de los datos personales, la ciberseguridad y que imponga un marco ético a la inteligencia artificial. Hablamos de un desarrollo normativo que es único a nivel global. Descubre el propósito de Europa de ejercer un rol propio en el desarrollo de la revolución digital. Un objetivo que está, además, asociado al diseño del modelo de economía circular que surgirá de la aplicación de los fondos Next Generation.

Para ello, y siguiendo la tradición reguladora europea del mercado que está en sus orígenes fundacionales, impulsa un marco de seguridad jurídica desde el que enmarcar el nuevo mercado que resulte de una economía intensamente digitalizada y sobre el que Europa quiere ejercer una soberanía que le libere de dependencias exteriores en la medida de la posible. Una soberanía que se traduzca en un control europeo sobre las capacidades tecnológicas que harán posible el establecimiento de un mercado plenamente digitalizado en sus canales de distribución y en las herramientas de producción que generen los bienes y servicios, así como las aplicaciones y contenidos que circulen dentro de él.

La idea es que la soberanía tecnológica y digital europea se funde en una hibridación de capacidades técnicas y seguridad jurídica que ofrezca un entorno digital confiable. Para ello, a lo largo de 2022 y 2023 están sobre la mesa la aprobación de varias normas. El punto de arranque de esta estrategia jurídica europea estuvo en la aprobación por la Comisión en diciembre de 2020 de la Digital Market Act y la Digital Services Act, pendientes ambas de tramitación en el Parlamento Europeo. Lo mismo que la Data Governance Act aprobada dentro de la llamada European Data Strategy y que continuará en breve con la Data Act. Al mismo tiempo, está también en manos del Parlamento la discusión de la AI Act, a la que se ha sumado la Chips Act, y se anuncia para los próximos meses la Cyber Resilience Act, básica a la hora de abordar un marco de protección efectiva sobre el conjunto de las infraestructuras críticas que soportan la economía digitalizada.

Europa necesita una regulación que le permita avanzar a una soberanía tecnológica que potencie su industria, al menos para sectores críticos como la salud y la energía. Que genere empleo de calidad y que le permita afrontar los grandes retos del siglo XXI: la transformación digital y la mitigación del cambio climático. Pero también es preciso salvaguardar el bienestar de los ciudadanos europeos protegiendo su soberanía digital. En este sentido, Europa da pasos hacia un diseño de su empoderamiento tecnológico como sociedad que marca diferencias con Estados Unidos y China. Frente al primero, que se vuelca en un diseño negocial, y la segunda, que se centra en un instrumento de autoridad y poder, Europa apuesta por una propuesta ordenada conforme a valores democráticos y que, además, es regulada y segura, ya que busca la prosperidad dentro de un marco de competencia que no renuncia a la justicia.

El objetivo final sería digitalizar los valores democráticos para convertirlos en el soporte de un marco de seguridad jurídica que haga el mercado digital al mismo tiempo más competitivo y justo. Un mercado garantista y eficiente que hace de la regulación un activo que refuerza la calidad de los contenidos y aplicaciones con los que compite globalmente.

Grupo de reflexión de Ametic