Ecologistas y cazadores quieren modificar en el trámite parlamentario la regulación de la caza
La regulación de la caza, contenida en el proyecto de ley de la Flora y la Fauna Silvestres, no contenta ni a cazadores ni a ecologistas, a pesar del tiempo transcurrido desde que echó a andar la iniciativa en 1996. Ambos colectivos aprovecharán la tramitación parlamentaria para intentar modificar el texto. De entrada, los cazadores, que anuncian la tramitación de una proposición de ley por iniciativa popular en la Cámara autonómica, se quejan de que la regulación cinegética se enmarque dentro de una legislación dirigida a conservar la biodiversidad. Los ecologistas, por su parte, sostienen que el proyecto no reducirá las vallas cinegéticas, una de sus grandes aspiraciones.

Los ocho borradores desechados y más de seis años de demora no han bastado para que el proyecto de ley de Flora y Fauna Silvestres, aprobado por el Gobierno andaluz el pasado martes 10, llegue al Parlamento con el beneplácito unánime de los principales sectores afectados, aunque desde la Consejería de Medio Ambiente señalen que han atendido todos los trámites de participación. "Creemos que hemos solventado buena parte de las discrepancias, pero las buenas normas nunca parten de la aquiescencia de todos", precisa el director general de Gestión del Medio Natural, José Guirado.

Los ecologistas han mostrado su disgusto con el texto al considerar que desaprovecha la oportunidad de rebajar el número de vallados cinegéticos, pero también la Federación Andaluza de Caza (FAC) ha puesto el grito en el cielo al conocer el marco jurídico con el que la Consejería de Medio Ambiente pretende regular una actividad para la que están expedidas 269.000 licencias.

Las vallas del campo

La Junta de Andalucía ha optado por incluir la regulación de la caza y la pesca dentro de la ley de Flora y Fauna Silvestres, en vez de darle un cuerpo jurídico propio. La decisión, según el director general de Gestión del Medio Natural, está en sintonía "con las corrientes europea y nacional". Guirado defiende una "arquitectura jurídica" general a partir de la cual se desarrollarán varias reglamentaciones, entre ellas la caza, la pesca e incluso barajan una específica para la caza deportiva. "Todas se pueden desarrollar a partir de una ley marco", indica.

Responsables de Ecologistas en Acción, en principio, apoyan que la regulación de la caza se incluya en una legislación sobre biodiversidad, pero discrepan del espíritu del proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno. "No va a mover ni un metro cuadrado de cerca en Andalucía", indica Joaquín Reina, del grupo ecologista. Su organización persigue, como meta última, la desaparición de los vallados cinegéticos del paisaje andaluz.

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El proyecto de la ley de Flora y Fauna Silvestres contempla la ampliación de la superficie mínima para vallar de 500 a 2.000 hectáreas, pero en la práctica no cambiará la fisonomía rural existente. "Y buena parte de las zonas más valiosas de Andalucía, como zonas de los parques naturales de Hornachuelos o la Sierra Norte, está dedicada a la caza" protesta Joaquín Reina.

El portavoz ecologista critica, además, que el texto que se remitirá al Parlamento se aleja bastante de las pretensiones iniciales de la Consejería de Medio Ambiente. "En el primer borrador se proponían 5.000 hectáreas como superficie mínima para vallar", recuerda.

La FAC ha adelantado que se movilizarán contra el proyecto legal. De hecho, la federación ya ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición de ley de Caza que pretenden avalar con el respaldo de 75.000 firmas, necesarias para que una iniciativa popular sea debatida en la Cámara. El presidente de la FAC, Carlos Astorga, destaca que se trataría de la primera propuesta legal que se tramitaría en el Parlamento a iniciativa popular, aunque para ello la organización tendría que recoger las 75.000 firmas necesarias. La Mesa del Parlamento aplazó esta semana su decisión sobre el texto.

La FAC, que cuenta con unos 110.000 socios en Andalucía, reclama en primer lugar que se regule la actividad mediante un texto propio. "En Andalucía tiene un peso importante, y necesita una ley específica", indica Astorga. "Creemos que no se nos ha tratado como deberían", agrega. Al margen del soporte, la federación andaluza también rechaza el contenido al considerar que "no está hecha con vistas a la caza deportiva".

El presidente de la FAC critica que no se desliguen los cotos deportivos, que no tienen ánimo de lucro, y los privados. También el régimen sancionador del proyecto de ley suscita las críticas de la FAC, que cree que se iguala casi la lucha contra el furtivismo con incumplimientos menores. "No es lo mismo ir a cazar de noche que el olvido de una licencia", compara Astorga.

También la Confederación de Empresarios de Andalucía mostró su rechazo al proyecto, aunque centró sus críticas en el trámite. La CEA acusa a la Administración autonómica de haber " impedido" la participación empresarial al no remitir el documento al Consejo Económico y Social. La Consejería de Medio Ambiente, por el contrario, destaca que el dictamen del Consejo Consultivo validó todo el proceso seguido de consultas y que no es preceptivo que todos los proyectos legales sean examinados por el CES.