El centroderecha: un espacio en busca de intérprete
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Desde la transición de la dictadura a la democracia hasta hoy, los españoles se han autodefinido ideológicamente —en promedio y con una tozuda persistencia— como ligeramente de centroizquierda. Ello es coherente con las diferentes alternancias en el Gobierno que hemos tenido desde las primeras elecciones libres en 1977.

Así, en función de las circunstancias, los ciudadanos dieron su confianza primero a la UCD, para completar la plena transición a la democracia y sentar las bases para la reintegración de España en el mundo, de manera que, una vez agotado su “objeto social”, desapareció.

Luego, se otorgó la confianza al PSOE con un objetivo explícito: la modernización. Es decir, la integración efectiva de España en organismos multilaterales, como la entonces Comunidad Económica Europea (1986) y la OTAN, la adaptación del tejido productivo a las exigencias de una economía abierta e integrada y la modernización social iniciada por la UCD, con la universalización de la sanidad, las leyes de divorcio, aborto o la reforma fiscal.

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Después del desgaste producido por la acción de Gobierno, incluidos los casos de corrupción y de guerra sucia, los españoles dieron una mayoría ajustada al PP (una vez unificado todo el espacio a la derecha del PSOE) y se la renovaron claramente después de una legislatura de diálogo y acuerdos parlamentarios transparentes, que permitieron, sobre la base de amplios consensos, la integración plena en la Alianza Atlántica y en la Unión Económica y Monetaria y una proyección internacional, iniciada ya por los gobiernos anteriores, que incluía una mayor implicación activa en la construcción europea, liderazgo en la Comunidad Iberoamericana, influencia en el Magreb y en Oriente Próximo y, sobre todo, una relación sólida con Estados Unidos y con el atlantismo (incluso asumiendo un elevadísimo coste político al apoyar políticamente la intervención en Irak).

Algunos de esos consensos básicos se perdieron con el regreso del PSOE al poder, después de unas elecciones dramáticamente perturbadas por los atentados del 11 de marzo en Madrid. Un período en el que ETA dejó las armas y se avanzó en materia de derechos civiles, pero con una proyección exterior declinante (producto de la práctica ruptura con Estados Unidos) y una política económica pasiva que impidió hacer frente a las consecuencias enormes de la crisis financiera del 2008 y provocó la vuelta al poder del PP, con el encargo explícito de afrontar la crisis (agudizada por la crisis de deuda y del euro de 2011) y evitar el rescate de la economía española. Así sucedió. Pero, al mismo tiempo, se agudizaron las tensiones territoriales iniciadas por el malhadado nuevo Estatuto de Cataluña y que culminaron en la intentona secesionista de 2017.

En esos períodos se perdieron los consensos básicos, primero sobre nuestra posición en el mundo y luego sobre la cohesión territorial que, en un intento de superar definitivamente nuestros problemas atávicos, se habían concretado en el Estado autonómico.

Por otra parte, los efectos profundos de la crisis económica y territorial se plasmaron en una crisis social y política que impulsó la aparición de nuevas fuerzas políticas que transformaron sustancialmente el mapa parlamentario y político derivado del denominado bipartidismo imperfecto y que han supuesto sendas batallas, en la izquierda y en la derecha, por la hegemonía en cada uno de esos espacios ideológicos.

La consecuencia ha sido clara: la radicalización de los mensajes y el alejamiento del centro político y una progresiva bipolarización que, al mismo tiempo, ha favorecido la disgregación de la representación parlamentaria, asociada a la defensa de intereses territoriales por encima de los intereses generales.

Ese nuevo escenario político ha propiciado (esta vez en coalición con la extrema izquierda, superando la pugna en el seno de la izquierda por la hegemonía) el regreso del PSOE al Gobierno, y la agudización en paralelo de la pugna en el seno de la derecha, con Ciudadanos, que después de una etapa fulgurante, está cercano a desaparecer, tras su intento fallido de sustituir al PP como referente y renunciando a un papel de bisagra equilibradora de posiciones; y con un Vox en ascenso, desde posiciones concomitantes con los populismos europeos de extrema derecha en temas como la construcción europea, la política exterior, los debates identitarios y sociales o, específicamente, el rechazo al Estado autonómico.

En eso estamos. Esta excursión histórica nos muestra que la disputa por el centro que caracterizó a los Gobiernos del bipartidismo, ha sido sustituida por la reafirmación de posiciones propias en detrimento de la satisfacción de las demandas de muchos ciudadanos que ven con estupor y preocupación la creciente radicalización de los mensajes, el deterioro del debate público y político, y la bipolarización tóxica que supone ver como enemigos a los adversarios políticos, cuya legitimidad —que viene de los votos— se niega, con descalificaciones apriorísticas y etiquetas simplistas.

La pregunta es, pues, cómo representar adecuadamente a ese promedio de ciudadanos que se mueven en posiciones templadas y que desea estabilidad, respeto mutuo y a las instituciones, y buena gobernanza de los intereses generales.

Por ello, los recientes acontecimientos que afectan al PP nos generan, a muchos ciudadanos, una genuina preocupación, independientemente de las preferencias ideológicas. La existencia de una alternativa sólida y responsable al Gobierno es un requisito básico para el buen funcionamiento de la democracia.

Y que ambos, Gobierno y oposición, a pesar de las legítimas diferencias y del imprescindible contraste de propuestas políticas, respeten las reglas del juego y dejen fuera de la confrontación a las instituciones y a los intereses permanentes de una España que sólo cobra pleno sentido en el marco europeo, atlántico y occidental. Máxime en un mundo globalizado, que cuestiona el orden liberal internacional vigente y el respeto a principios y normas hasta ahora comúnmente aceptados, como estamos viendo, trágicamente, en Ucrania.

Por todo ello, una consistente articulación política del centroderecha es tan imprescindible como que el PSOE interprete adecuadamente las posiciones de centroizquierda y se aleje de postulados de izquierda radical.

La eventual implosión del PP (como en su día de la UCD) dejaría huérfana de representación a una amplia capa de ciudadanos, que no se identifican con los postulados de Vox ni con los planteamientos del actual Gobierno. La forma en que se canalice la actual crisis va a depender de muchos factores, entre los cuales la identificación de las personas adecuadas es muy importante. Y afortunadamente las hay.

Personalmente, no tengo duda de que Alberto Núñez Feijóo es la persona que la alternativa al Gobierno desde el centroderecha necesita. Tiene un proyecto de España en la cabeza, capacidad para crear equipos y talento para transmitir rigor y seriedad, pero también ilusión.

Josep Piqué fue ministro de Industria y de Exteriores en Gobiernos del PP (1996-2003) y presidente del PP de Cataluña (2003-2007).