El recorte de trámites de medio ambiente, para otoño
La simplificación de trámites a los que están obligadas las empresas catalanas en materia de prevención y control medioambiental -que el Gobierno catalán sugirió en 2004, anunció a bombo y platillo hace año y medio y que hasta ahora no se había materializado en un nuevo proyecto de ley- no será una realidad hasta el próximo otoño.

Es el plazo que maneja la Generalitat tras haber dado ayer luz verde a una nueva normativa en la materia destinada a ahorrar 178 millones de euros al año al sector empresarial. La ley será tramitada en el Parlament por el procedimiento de urgencia, lo que acorta el proceso a entre cuatro y cinco meses, pero requerirá el desarrollo del correspondiente reglamento.

Desde CiU, el ex consejero Ramon Espadaler dijo que la reforma de la polémica Ley de Intervención Integral de la Administración lleva "cinco años parada", de modo que "la urgencia que reclama [el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar] se la tendría que haber aplicado él mismo". La ley fue aprobada en tiempos de CiU, que ya hizo en su día cierta autocrítica sobre su funcionamiento. El ex consejero Salvador Milà ya habló de reformarla.

Menos costes

Lo más llamativo de la nueva normativa -llamada de Prevención y Control Ambiental de las Actividades Económicas- es que sólo el 10% de las actividades sometidas a la ley requerirán de una licencia o autorización ambiental. Las restantes podrán acogerse al régimen de comunicación de la actividad o de intervención preventiva. Al reducirse el número de actividades sujetas a licencia o autorización, se simplifican los controles y alargan los plazos de la mayoría de actividades y se reducen, así, los costes administrativos (el 5,38% del total, según la Generalitat).

A diferencia de la anterior ley, la nueva es exclusivamente ambiental, es decir, que evita que concurran a la vez ámbitos de competencias que cuentan con legislación sectorial propia, como los incendios, la seguridad y la salud. Algunos sectores empresariales, sin embargo, no creen que con una comunicación de la actividad a los ayuntamientos vayan a resolverse las cosas.

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Por otra parte, el Gobierno catalán autorizó ayer una línea de avales de hasta 5.000 millones de euros para financiar el capital de empresas catalanas facilitando su liquidez.