Violencia digital y ley
Solo cuando desemboca en un final trágico regresa a la primera línea informativa la violencia digital en sus múltiples variantes. Pero el problema es que siempre está ahí, invisible o invisibilizada por la misma naturaleza del delito. Las cifras que ofrece Interior son solo orientativas, a pesar de la gravedad del incremento del 17% que registraron en 2021: en torno a 30.000 personas son acosadas anualmente por múltiples vías digitales, tanto desde redes tan populares como Instagram o Facebook como a través de la mensajería instantánea, correo electrónico o WhatsApp.

La gravedad del caso no está tanto en las cifras conocidas como en el agujero negro de las desconocidas. El efecto inmediato del acoso digital es el miedo, el silenciamiento y el retraimiento de quien lo sufre, a menudo por vergüenza, arrepentimiento sobre este o aquel mensaje y el profundo desconcierto de víctimas que suelen ser mujeres, acosadas o controladas por exparejas o desconocidos, y adolescentes y jóvenes. La amenaza de hacer públicas imágenes íntimas o comprometedoras vira en seguida en formas de vigilancia, control o directa extorsión, la llamada pornovenganza.

En el caso de los jóvenes, su propia naturalidad en el uso de las redes y la falta de precauciones o prevenciones pueden exponerlos a situaciones de las que no saben cómo salir (tras haber entrado, a menudo sin darse cuenta, o apenas solo curioseando). La vulnerabilidad puede tener raíces distintas, pero sería un error poner el foco en la frivolidad juvenil o el mal uso de las redes: es el acosador digital quien adopta una conducta que vulnera los derechos de las personas desde la impunidad anónima que ofrecen las redes y las aplicaciones de mensajería.

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El estándar de intimidad ha variado radicalmente en los últimos años en las sociedades occidentales, y es la propia ciudadanía quien ha alterado su modo de autoexposición pública. Pero todos los expertos coinciden en que sigue siendo baja la cifra de personas que denuncian haber sido o estar siendo sometidas a acoso digital o a la panoplia de prácticas tipificadas como violencia digital. El último informe disponible, de marzo, del Observatorio Español de Delitos Informáticos, recoge una muestra de unos 700 casos detectados, de los cuales solo el 10% había cursado la correspondiente denuncia. Pero del ciberacoso no se puede escapar porque va en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta, o, casi siempre, directamente en la mano.

La falta de información sobre los derechos del acosado y la ignorancia frecuente del acosador de que sus prácticas son ilegales y perseguibles penalmente forman parte de un problema que irá en aumento: siguen existiendo vacíos legales que limitan la actividad preventiva de las Fuerzas de Seguridad. A la vez, las grandes tecnológicas se muestran hipersensibles a la exhibición de un pezón pero no a la reiteración de los mensajes de extorsión o acoso de un ciberdelincuente.

El que estos actos se enmarquen en el crecimiento del ciberdelito no debería desviar la atención de una delincuencia que anula la personalidad de las víctimas y limita radicalmente sus derechos civiles. Los casos de personas públicas (actrices, periodistas, políticas, artistas) son los más conocidos, pero detrás hay decenas de miles de personas, casi siempre mujeres, que padecen ese mismo delito, a menudo sin capacidad ni recursos para defenderse. Será en septiembre cuando esto pueda empezar a cambiar para ellas. Entonces será aprobada, previsiblemente, la llamada ley del solo sí es sí, que ha incluido en su articulado la violencia sexual a través de la pantalla.



