Una reforma del mercado eléctrico
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Rafael Ricoy

La escalada de los precios de la electricidad en el mercado diario o pool ha alcanzado niveles difícilmente manejables por el sistema eléctrico. A finales de enero, en plena ola de frío, llegaron a superar los 100 euros por megavatio hora, en abierto y sangrante contraste con el precio registrado en el primer semestre de 2016 (38,90 euros en junio). Las causas inmediatas de estas puntas de precios, que tendrán un impacto importante en el recibo de la luz, se han repetido con insistencia: descenso de la producción eólica (ausencia de viento), poca producción solar, caída de la producción hidroeléctrica (sequía), dos centrales nucleares en situación de mantenimiento y cierre por avería de nucleares francesas (resuelta con una exportación de electricidad desde España). El resultado de este cúmulo de singularidades ha sido que el sistema eléctrico haya tenido que recurrir a fuentes de producción más caras (sobre todo el carbón y gas, que han marcado precio).

Pero la insistencia en las causas inmediatas o coyunturales no explica satisfactoriamente por qué el sistema de suministro de electricidad en España está sometido a un riesgo tan elevado de volatilidad y de transmisión inmediata de puntas de precios al precio final del consumidor. Las medidas anunciadas por el ministro de Energía para corregir la volatilidad y la explosión de precios (creadores del mercado, incentivos a la venta de gas) son simples placebos ofrecidos a la opinión pública para transmitir la idea de que se hace algo. Pero el error es anterior y está en la base de la regulación del sistema eléctrico. En primer lugar, porque cuando se prescindió (acertadamente) de las subastas CESUR para fijar el precio de la electricidad (es decir, para establecer la parte del precio correspondiente al mercado, en torno al 35% del precio total), no se debió sustituir este cálculo por una indexación al mercado diario o pool, por más que los consumidores dispongan ya de contadores capaces de medir el consumo por tramos horarios, porque, como se advirtió en su momento, el riesgo de volatilidad era muy alto. Era más acertado indexar el precio final a una media trimestral del pool al tiempo que se constituía un fondo para ajustes finales. La luz está anclada a un mercado, pero es un bien esencial; por lo tanto, debe ser distribuido a un precio asequible y relativamente estable.

Hay una disfunción previa en la regulación eléctrica, quizá más grave que el sistema de cálculo de precios: la presencia en la oferta eléctrica de fuentes de producción amortizadas (hidroeléctrica y nuclear) de costes variables muy bajos, que sin embargo se intercambian al precio marginal, es decir, al precio del último megavatio hora introducido en el sistema. En este sentido, el ministro Nadal ofreció en el Parlamento la posibilidad de aumentar los impuestos que giran sobre la producción de estas tecnologías, cuestión que solo sería razonable si los ingresos de esos impuestos repercutieran en menores precios del suministro para los consumidores. Alternativamente se debería considerar la opción de utilizar la electricidad nuclear e hidráulica para reducir el precio del suministro a los grupos de población con rentas más bajas o a la producción industrial intensiva en consumo eléctrico.

En todo caso, el precio de la luz no puede estar sometido a una volatilidad extrema ni experimentar subidas incompatibles con su uso social. El regulador, puesto que se trata de un mercado regulado, tiene que marcar las condiciones para evitar la alarma social. Para conseguirlo es necesario que modifique el sistema de cálcu­lo de la tarifa y que cambie la regulación del sistema para retirar del mercado la generación amortizada (por cierto, con el precio pagado durante decenios por los consumidores).

El Gobierno deberá buscar en Europa el acuerdo con otros países con el fin de modificar la propuesta de directiva del paquete de invierno presentado por la Comisión. Hay que reformar el mercado de forma que el consumidor no pague dos veces por la misma inversión y a la vez existan las garantías regulatorias para la recuperación de las inversiones necesarias para la transición energética hacia un sistema energético descarbonizado.

Alberto Carbajo es consultor y analista del sector energético.