La comunidad científica pide al Gobierno que concrete su promesa presupuestaria
La ministra de Ciencia, Diana Morant, interviene en el congreso del PSPV el 4 de febrero. Jorge Gil (Europa Press)

La comunidad científica ha recibido con igual dosis de esperanza y recelo el sorpresivo anuncio a EL PAÍS de la ministra de Ciencia, Diana Morant, de blindar por ley una subida estable y constante de los fondos para investigación pública. Se trata de una medida muy anhelada por un sector lastrado por la precariedad, la falta de fondos y la burocracia paralizante. Morant quiere que la nueva Ley de Ciencia —el anteproyecto se aprueba previsiblemente hoy en Consejo de Ministros extraordinario— incluya el compromiso de que la ciencia pública aumente su presupuesto cada año hasta que en 2030 alcance el 1,25% del PIB —actualmente está en el 0,58%— con la esperanza de que el sector privado también aumente su contribución hasta alcanzar el nivel total recomendado por la UE, que asciende al 3% del PIB. El problema es que no se sabe cómo se va a llevar a cabo el plan.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso este diario, recoge así el objetivo en su disposición adicional sexta de “plurianualidad del marco presupuestario”: “La elaboración de los presupuestos de los agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los presupuestos, con el objetivo de que la financiación pública en I+D+i, de conformidad con la normativa europea, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030″. El texto añade que “este incremento estará condicionado en todo caso por las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”. Tras la aprobación del anteproyecto hoy, la norma comenzará su trámite parlamentario, en el que la ministra de Ciencia, Diana Morant, busca un apoyo mayoritario de los partidos.

Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que agrupa a 84 de estas asociaciones y a 44.000 investigadores, señala: “Es una medida que nos encanta, pero necesitamos saber cómo se va a concretar ese aumento de presupuesto”.

Según el análisis de los presupuestos de ciencia para 2022 que ha realizado este organismo, la subida presupuestaria descrita por Diana Morant no es tan espectacular como parece. El gasto total en investigación, desarrollo, innovación y digitalización —la llamada política de gasto 46— asciende a 13.300 millones de euros, lo que supone un 7,62% más que en 2021. Pero si de esa cantidad se restan los fondos del plan de recuperación de la Unión Europea el incremento es solo del 3,77%, según la COSCE. “De todos esos fondos, más de la mitad son financieros, préstamos de los que habitualmente se queda sin gastar más de tres cuartas partes”, alerta Wahnón. “La ministra debería decir si el aumento presupuestario que quiere blindar por ley es a base de estos fondos o con subvenciones”, resalta esta física cuántica, especialista en el estudio de nuevos materiales para placas solares de alta eficiencia.

Los grandes equipos de fútbol de España pueden fichar a los mejores jugadores del mundo, pero el sector público no puede atraer a premios Nobel Perla Wahnón, presidenta de la Cosce

Wahnón también cree que la reforma de la ley de la ciencia “debería ser más ambiciosa”. Uno de los aspectos más polémicos es el retorno de los científicos españoles emigrados y también el fichaje de científicos de otros países altamente competitivos, opina la presidenta de la COSCE. “Seguimos teniendo un problema muy grave para atraer a estos científicos porque es casi imposible que nuestro sistema científico convalide su currículum y su experiencia en el extranjero. Nosotros hemos hecho un análisis de todas las leyes que habría que cambiar para hacerlo y son al menos diez. Esas normas de contratación del sector público no tienen en cuenta la excepcionalidad de la actividad científica. El resultado es que los grandes equipos de fútbol de España pueden fichar a los mejores jugadores del mundo, pero el sector público no puede atraer a premios Nobel”, clama.

La comunidad científica está expectante con la nueva figura del investigador distinguido, un contrato especial creado por la ley de la ciencia en 2011 que no se desarrolló correctamente y que no ha servido a su objetivo: que España pudiese traer a investigadores de primera línea.

Desde el sector empresarial la medida también suena muy bien. “Es un objetivo legítimo; todo lo que suponga consolidar las subidas de presupuesto consecuencia de los fondos europeos es bueno”, opina Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la innovación. “En cualquier caso vincular la subida al PIB tiene sus riesgos. Por ejemplo, en el último ejercicio ha subido la cantidad dedicada a I+D+i, pero hasta la mitad de ese incremento se debe solo a que el PIB ha caído. Si esto vuelve a suceder nos acercaremos al objetivo de forma artificiosa, pues el incremento real no será tan elevado y si crece, será más complicado alcanzarlo”, añade.

Una cuestión polémica de la nueva ley es el reconocimiento de los méritos y sueldo a investigadores españoles en el extranjero que quieren regresar a España. De momento la ley no ha atendido sus súplicas, de forma que un científico que haya pasado años o décadas trabajando en las universidades o centros de investigación más prestigiosos del mundo tendrá menos reconocimiento y sueldo que los que nunca se fueron. “Esta medida penaliza a todos aquellos que han seguido el itinerario marcado por el Estado, pues para ser considerado un científico competitivo había que pasar varios años de investigación en el extranjero”, advierte Elisa Fernández, portavoz del sindicato CC OO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Llevamos meses denunciando esta medida porque promueve la endogamia al valorar más a los que se han quedado”, resalta. Fernández lanza una inquietud más al Ministerio de Ciencia: “Suena muy bien aumentar la financiación pública en función del PIB, pero ¿qué ocurrirá si este u otro Gobierno no lo cumple, habrá una penalización?”.

Igual de crítica es la red de investigadores españoles en el extranjero Raicex, con 4.000 asociados. “No es de recibo que no haya igualdad de condiciones entre los investigadores que han trabajado en el extranjero y los que lo han hecho en el sector público español”, clama Francisco Vilaplana, profesor asociado del Real Instituto de Tecnología de Suecia y secretario de este colectivo. “Sabemos que el Ministerio de Ciencia está intentando solucionar este problema y esperamos que la versión final de la ley lo corrija”, añade.

Desde la Federación de Jóvenes Investigadores han recibido animosos las nuevas propuestas incluidas en el anteproyecto de ley. “Esta reforma tiene muchas luces y si va acompañada de un incremento de los presupuestos para investigación, es aún más positiva”, expone Vanesa Nozal, investigadora de nuevos fármacos contra el alzhéimer y la esclerosis en un centro del CSIC y presidenta de la organización. No obstante incide en que el aumento de presupuesto debe transformarse en dinero gastado. La investigadora apunta también a alguna sombra en el panorama de los científicos jóvenes. “Ahora mismo hay una multiplicidad de convocatorias y de contratos y en cada uno se cobra una cantidad diferente. ¿Cómo le va a explicar eso el Gobierno a los investigadores que se están pensando volver a España?”, resalta.

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