Las pymes se sienten atacadas por la nueva Ley de Contratos públicos
Asociaciones empresariales que representan a cinco sectores de servicios presentarán alegaciones al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público al entender que se menoscaban los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Consideran que en el nuevo texto los cambios que se incluyen para favorecer el acceso de las pymes a la licitación pública son una simple "declaración de intenciones", que únicamente busca perjudicarles.

Entienden que en el documento se promueve la concentración de contratos para beneficiar a las grandes empresas, con una "regulación ambigua" en lo referente a la división de lotes, mermando a su vez la libre competencia en la contratación pública, saltándose las directrices establecidas en las Directivas Europeas. Recordemos que las cinco organizaciones firmantes de este acuerdo son ANECPL (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas), FEHR (Federación Española de Hostelería), AFELIN (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales), FES (Federación Empresarial Española de Seguridad) y CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos). En total agrupan a 32.702 empresas y dan empleo a 642.368 trabajadores.

Estas organizaciones se muestran contrarias a la regulación existente en el artículo 18 del Anteproyecto, en lo que se refiere a los contratos mixtos, ya que creen que dicha regulación obedece a las presiones ejercidas por las multinacionales. El objetivo, entre otras cosas, es evitar que la mayor parte de los contratos vayan a parar a un reducido número de operadores, que perjudicaría mucho a las pymes. Aseguran, además, que supone una práctica muy común entre las Administraciones Públicas lo de concentrar en un mismo contrato distintos servicios, lo que ha provocado que varias empresas hayan optado por los recursos administrativos y contencioso-administrativos, que por lo general se suelen prolongar en el tiempo sin buenos resultados.

Desde estas organizaciones sostienen la necesidad de regular y fomentar la división de los contratos públicos en lotes para facilitar que las pymes puedan acceder a ellos a través de concursos. El Gobierno deja en manos de los órganos licitadores la decisión de dividir o no los contratos, lo que puede suponer una barrera difícil de superar por parte de las pequeñas y mediansa compañías. A todo ello se le añade los elevados importes de los contratos, que discriminan a los pequeños empresarios en favor de las grandes sociedades.