Las radios privadas afirman que el pluralismo ya está ahora 'suficientemente garantizado'
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), organismo que agrupa a prácticamente todo el espectro de emisoras privadas, incluidas Onda Cero, Cope y la SER, expresó ayer su convicción unánime de que el pluralismo en la radio está 'suficientemente garantizado' a través de las 2.793 estaciones que operan legalmente en España. A raíz del auto del Tribunal Supremo que ordena resolver los negocios jurídicos en los que se instrumentó la concentración de Antena 3 Radio, la SER y Unión Radio, la AERC reclama que el pluralismo quede encomendado a las normas generales de la competencia.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial, entidad que preside Javier González Ferrari, primer ejecutivo de Onda Cero, solicita al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios que 'liberen a las empresas radiofónicas de las trabas administrativas que dificultan su desarrollo y comprometen su estabilidad e independencia empresarial', tal y como ha ocurrido con otros sectores y servicios.

La AERC ha evaluado la situación del sector radiofónico tras el auto notificado el pasado día 11 por el Tribunal Supremo, que acordó resolver los negocios jurídicos en los que se instrumentó la operación de concentración e imponía al Gobierno que analizara si tras la desconcentración de Antena 3 Radio, la Cadena SER y Unión Radio quedaba o no algo que practicar para preservar el pluralismo informativo.

En un comunicado difundido ayer, la AERC afirma que 'más allá de las posiciones empresariales de sus miembros' en el desarrollo del expediente sobre la concentración de las citadas empresas es 'urgente' una actualización normativa del sector de la radio de acuerdo a la evolución de este medio de comunicación. Las radios comerciales aseguran que la oferta se ha enriquecido en los últimos años con la puesta en marcha de 350 nuevas emisoras y con el reforzamiento del papel de las grandes cadenas dentro de un mapa plural. De ese amplio paquete de frecuencias (otorgadas en la etapa del Partido Popular), la cadena SER sólo obtuvo cinco (y en localidades de relativa cobertura demográfica) y Antena 3, ninguna.

Autonomía

En este marco, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial reitera su 'sentir unánime' de que el pluralismo en la radio española está 'suficientemente garantizado' en su conjunto a través de 2.793 emisoras legales (cifra que aumenta constantemente con las nuevas concesiones autonómicas de radio digital). Y reclama que ese pluralismo quede encomendado a las normas generales de la competencia, 'sin otras limitaciones legales de carácter especial, ya que la determinación de las líneas programáticas corresponden exclusivamente a la autonomía de las empresas'.

A excepción de la radio pública, que gestiona más de 1.500 frecuencias, las radios comerciales representan más de mil emisoras, la mayoría de las cuales están agrupadas -mediante convenios de asociación a afiliación- a grandes cadenas.

En su conjunto, las emisoras agrupadas en torno a la SER suponen el 12,1% del dial, con 338 frecuencias. El segundo gran grupo de radio privada gira en torno a la Corporación Radiofónica de Telefónica, cuya matriz es Uniprex-Onda Cero. A esta cadena están asociadas cadenas que hasta hace pocos meses operaban de forma independiente, como es el caso de Cadena Ibérica. Onda Cero cobija bajo una misma programación emisoras adjudicadas al periodista Luis del Olmo (Onda Rambla) o al empresario asturiano Blas Herrero (Radio Blanca), hasta completar alrededor de 284 licencias (10,2% del total).

La Cope forma el tercer gran conglomerado. La cadena gestionada por la Conferencia Episcopal se estructura en torno a dos ofertas: la convencional y la musical Cadena 100. En total suma 214 estaciones de radio (7,7%).

Las empresas afectadas entienden que el auto dictado por el Tribunal Supremo podría condicionar aspectos relativos a la programación y a sus eventuales convenios. También creen que lesiona los derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad de expresión e información, a la igualdad ante la ley y a un proceso equitativo, según plantearon en el recurso de súplica presentado la semana pasada.