El cese del presidente de Enresa saca a la luz las dificultades del ATC
Francisco Gil-Ortega, presidente de Enresa, y María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP: Efe

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, ha presentado hoy su dimisión “por razones personales”, según el comunicado de la compañía pública, en la que participan la SEPI, con un 20%, y el Ciemat, con el resto del capital. Según la versión oficial, la noticia, adelantada por Vozpópuli, se comunicó de inmediato al ministro de Industria, José Manuel Soria, y a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero estos no debieron sorprenderse ya que han sido, según las distintas fuentes consultadas, los artífices del cese.

Varias son las razones que explicarían la destitución de Gil-Ortega, un hombre impuesto en 2012 por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, apelando a su derecho a controlar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, que albergaría el municipio conquense de Villar de Cañas y cuyo presupuesto se estima en 900 millones.

La más importante ha sido su empecinamiento y el de Cospedal de acelarar la adjudicación de las obras de un proyecto, al que le falta superar el trámite de los permisos administrativos más importantes. Fuentes del sector aseguran que, ante lo ajustado del resultado electoral que auguran las encuestas autonómicas de mayo, la vicepresidenta castellano-manchega ha presionado para que comiencen las obras de un almacén que, aunque se manifestó en contra del mismo cuando estaba en la oposición (es un viejo proyecto de los gobiernos del PSOE), se ha convertido en un emblema de su legislatura.

Este afán “en saltarse la legalidad” ha encendido los ánimos de los grupos ecologistas y de la oposición política, que han invadido el Congreso con miles y miles de preguntas sobre la seguridad del proyecto y los conflictos internos en la propia Enresa. En los últimos meses, Gil-Ortega, había destituido a dos directivos de máxima relevancia en los trámites de adjudicación: el pasado 27 de enero, a su director de Administración, Eugenio Alejandre y meses atrás al responsable jurídico, Jesús Moreno.

Las prisas El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, hasegurado que la salida de Francisco Gil- Ortega “se debe a las dificultades políticas y técnicas del ATC”, pero no “a razones personales”. En su opinión, “la falta de preparación” del presidente y su equipo “ha dificultado todo el proceso”. “La forma de llevar el proyecto, con muchas prisas, le ha llevado a cometer errores grandes”, como intentar asignar la obra principal antes de contar con un informe previo del CSN y antes de tener el conocimiento técnico necesario de los terrenos”, denunció Castejón.

La “bulla” política ha sido la chispa que ha disparado el conflicto latente entre “las dos damas del Gobierno”, Cospedal y Saénz de Santamaría, que nunca vio con buenos ojos el nombramiento de Gil-Ortega (exvicepresidente de la Asamblea de Castilla-La Mancha y exalcalde de Ciudad Real)como presidente de Enresa, no solo por la excesiva politización de una empresa de cariz técnico, sino por el poder que confería a su supuesta rival política.

Aquellas discrepancias se solventaron con el nombramiento de un consejero delegado (¡en una empresa no cotizada!), a propuesta del Ministerio de Industria: el ingeniero agrónomo Adolfo Cazorla. Pero Industria ha cambiado de bando y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tan influyente en Moncloa, ha contribuido al despido de Gil-Ortega. Especialmente, desde que este despidiera a Alejandre, “su enlace de confianza” con la compañía que gestiona los residuos atómicos y es la encargada del desmantelamiento del parque nuclear español.

Por el momento, Francisco Gil-Ortega seguirá en su puesto durante 15 días, el plazo de preaviso que figura en su contrato mercantil. El consejo de administración se reúne el último lunes de cada mes. Fuentes próximas a Enresa han mostrado su preocupación por lo dilatado de este periodo, ya que el todavía presidente tendría potestad “para firmar contratos por un valor de un millón de euros”.

Se desconoce quién será su sustituto, aunque todo apunta que en esta ocasión Cospedal no impondrá su voluntad. La vicepresidenta del Gobierno ha ganado el pulso y quiere que el proyecto discurra “conforme a la legalidad o apariencia de legalidad” y que no haya un proceso de licitaciones y adjudicaciones paralelo al de las autorizaciones administrativas.