Hablemos sobre reforma agraria
Tengo la impresión de que Colombia es un país que se aturde cuando se ponen sobre el tapete dos palabras: reforma agraria. Como si el término estuviera satanizado, lo que resulta contradictorio en un país con eminente vocación agrícola. Un informe de prensa del año 2016 indicaba que Colombia apenas aprovecha 35% de los suelos netamente agrícolas. Es decir, que de 11,3 millones de hectáreas, 65% están desaprovechadas. Y duele escuchar esas cifras, porque en la otra orilla aparecen las estadísticas sobre el hambre, la desnutrición y las miles de familias que se acuestan sin derecho a eso que coloquialmente llamamos los tres golpes diarios. Entonces, hablar de reforma agraria no es embeleco. Es una necesidad. Y más cuando Colombia es firmante ante la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo segundo numeral habla de erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria en el mundo antes de 2030. Nos gastamos todo un siglo hablando de reforma agraria, y valga decir, por lo que cuentan los historiadores, que fueron más las buenas intenciones que las certezas durante ese siglo XX que pasó. No podemos darnos el lujo de malgastar este siglo que está corriendo sin que los tres poderes se ocupen del tema. La reforma agraria que necesita Colombia pasa por dos temas cruciales: uno, formalizar la propiedad de cerca de dos millones y medio de predios, bajo lo dispuesto en el Artículo 142 Ley 200 de 1936 y la sentencia T- 488 de 2014 de la Corte Constitucional; y dos, priorizar la red vial terciaria, la arteria que conecta a nuestros campesinos con el resto del país. Es hora de echar un vistazo a los suelos cultivables vírgenes por un lado y, por el otro, a las regiones del país carentes de infraestructura vial para impulsar sus potenciales agrícolas y pecuarios. ¿Cómo es posible que teniendo 26 millones de hectáreas con semejantes posibilidades, apenas un poco más de seis millones sean hoy aptas para la producción de alimentos y otro tipo de productos? De la misma manera, deberíamos sentir vergüenza de que en pleno siglo XXI, a las puertas de la llamada 5ª Revolución Industrial, 95% de los 140 mil kilómetros de vías terciarias de Colombia estén sin pavimentar. Es decir, llamamos vías a lo que todavía no existe. No podemos condenar al campo a seguir siendo el patio trasero de Colombia, menos cuando nos entrega todo cuanto produce una tierra tan bendecida como la nuestra. Hay que asignarle más recursos a las vías terciarias. Debemos repensar al país desde las prioridades, porque primero fue el campo que la ciudad. En ese sano propósito, hay que aliviar el bolsillo de los productores que antes de la pandemia ya se quejaban del alto costo de los insumos agrícolas. Es justo reconocerle al presidente Duque el trabajo formidable alrededor de un tema fundamental como el de la tenencia de la tierra, lo cual le valió un comentario positivo del analista Peter Coy en el diario The New York Times: “Otorgarles a los agricultores los títulos de las tierras en las que habitan es una meta que une a la derecha política, que valora la seguridad de los derechos de propiedad, y a la izquierda del país, que valora la justicia social. La iniciativa de Duque cuenta con un apoyo sólido de la comunidad internacional, e incluye al Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los gobiernos del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Suiza”. Quiero creer que este es un buen augurio de cosas mejores que vendrán.