Narbona retira la ley que iba a dar a las autonomías el 49% de la gestión de los ríos
Narbona retira la ley que iba a dar a las autonomías el 49% de la gestión de los ríos Medio Ambiente aparca por "falta de tiempo" la reforma legal que anunció en 2005

La reforma de la Ley de Aguas estaba destinada a "serenar" la guerra abierta entre las comunidades por la gestión de los ríos, según anunció en marzo pasado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuando hizo público el borrador de la ley que preparaba desde 2005. Ese texto daba a las autonomías y ayuntamientos hasta el 49% de la gestión del agua y creaba una tasa universal por el consumo. Sin embargo, ayer en Santander, Narbona oficializó que la ley se quedará para la próxima legislatura por "falta de tiempo". Esta rectificación coincide con la estrategia marcada por el Gobierno de recuperar competencias autonómicas tras el fiasco de las reformas estatutarias.

Hace dos años, en agosto de 2005, Narbona anunció a este diario que entre sus prioridades para ese curso político estaba reformar la Ley de Aguas, de 1988. Su intención era dar a las comunidades voz en la gestión del agua (históricamente en manos del Gobierno), crear un gran banco público de agua y una conferencia periódica entre las autonomías para tratar la materia.

El ministerio envió el borrador a las comunidades en marzo de este año. El proyecto que se queda ahora en suspenso preveía la creación de un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas, controlado por el Gobierno, con la mitad más uno de los votos, pero en el cual volverían a tener voz, por primera vez desde 1926, las comunidades.

Narbona explicó entonces que la ley serviría para aplacar las reivindicaciones de las comunidades sobre los ríos. La mayoría de las reformas de los estatutos de autonomía que se han sucedido durante la presente legislatura han incluido la reivindicación de una mayor participación en la gestión de los ríos. Sin embargo, la Constitución establece que es competencia exclusiva del Estado "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma" (la gestión de los ríos que sólo transcurren por una autonomía ya está transferida).

"Ya no queda tiempo para plantear más proyectos de ley en el Parlamento" durante los siete meses que faltan antes de las próximas generales, reconoció Narbona en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El texto, que "está muy avanzado", dijo, se convierte así en un "compromiso electoral para la próxima legislatura".

El proyecto "tiene ya bastantes elementos consensuados en el Consejo Nacional del Agua", aunque otros puntos "necesitan un avance complementario", aseguró Narbona en la inauguración de unas jornadas sobre el agua. Aunque no habrá reforma legal, la ministra defendió "el avance" que durante esta legislatura ha llevado a cabo el Gobierno en lo que concierne, directa o indirectamente, a la gestión del agua, "no sólo en materia legislativa, sino también en temas que habían sido descuidados en etapas anteriores".

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Esta no es la primera vez en que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que rectificar públicamente sus planes sobre el agua. En diciembre de 2004, retiró sobre la marcha su propuesta de ecotasa sobre el agua debido a que el Ministerio de Agricultura se opuso por sorpresa en un Consejo Nacional del Agua.

"Ha agravado el problema"

El PP denunció ayer que la rectificación deja en evidencia toda la política de Narbona sobre el agua. "Su única reforma ha sido derogar el trasvase del Ebro. Las tasas que anunció sobre el agua, la reforma de las confederaciones, todo lo que anunció se ha quedado en nada. Porque además, las desaladoras no funcionan", señaló la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, María Teresa de Lara, quien concluyó: "En estos años no sólo no se han resuelto los problemas del agua sino que se han agravado".

Aunque no haya ley, el Gobierno se enfrenta al reto de ejecutar los estatutos de autonomía. El andaluz, ya en vigor, da a la Junta de Andalucía la gestión del Guadalquivir en su territorio (pero no en Murcia, Castilla-La Mancha, ni Extremadura). El texto está recurrido al Constitucional por la Junta de Extremadura, también del PSOE.