Un poder pasado por agua
La obsesión por consolidar un poderoso grupo empresarial netamente valenciano, a ser posible tutelado, fue una de los rasgos que definió la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat en julio de 1995. El poder valenciano, más allá de una consigna de notable éxito para estimular a la burguesía regional, buscaba un correlato empresarial palpable.

La posibilidad de reunir varias constructoras de tamaño medio para formar un bloque competitivo más allá del territorio valenciano, donde el grupo asentaría su cartera básica, fue explorada sin mayor éxito. La diversa idiosincrasia y especialización de las empresas llamadas a colaborar y, más aún la desconfianza mutua entre los patronos, tiró por tierra las fusiones alentadas desde la presidencia de la Generalitat.

La posibilidad de reunir varias constructoras fue explorada sin éxito

Aguas de Valencia aún intenta despejar quién traza la estrategia de la empresa

'Valencianización', clave de una estrategia para desplazar al accionista mayoritario

Los socialistas ya habían acariciado el sueño de constituir un poderoso grupo financiero sobre las dos grandes cajas de ahorro valencianas, Bancaixa y CAM. Y sus sucesores abundaron en la misma dirección. Una nueva Ley de Cajas, que otorgaba una posición dominante a la Generalitat y los ayuntamientos en la composición de las asambleas de ambas entidades, parecía diseñada para salvar la desconfianza entre ambas instituciones y forzar su unión. Pero la distancia entre competidores se ha impuesto al final: la legislación ha vuelto a ser modificada y la corporación empresarial participada por las dos cajas de ahorro, que apenas comparten su presencia en empresas de dudosa rentabilidad auspiciadas por la Generalitat, queda hoy muy lejos de la idea original.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete. Suscríbete

La posibilidad de levantar sobre Aguas de Valencia -la empresa adjudicataria del suministro de agua potable a la ciudad de Valencia desde principios del siglo XX- un grupo empresarial de amplio espectro a imagen y semejanza de Aguas de Barcelona cobró cuerpo como soporte de la consigna política a raíz de la muerte de su presidente, el respetado Fernando Abril Martorell, en febrero de 1998.

El nuevo poder valenciano se asentaría sobre una sociedad con estrecha relación con el poder político, puesto que gestiona primordialmente concesiones administrativas. La proximidad del vencimiento del centenario contrato de suministro a la ciudad de Valencia permitía, además, ejercer una notable influencia política sobre la empresa.

Társilo Piles, entonces concejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Valencia, acuña el término valencianización como clave de una estrategia diseñada desde presidencia de la Generalitat y dirigida a desplazar al accionista mayoritario de Aguas de Valencia, el grupo francés Bouygues, que entonces dominaba el 49% del capital de la sociedad a través de Saur, para incorporar accionistas locales.

La Generalitat puso todo su empeño en la estrategia de valencianización. La amenaza de negar la renovación de la concesión del suministro de agua potable a Valencia a partir de 2002 era una baza única pero suficiente.

Saur negoció la venta de un 13% de su participación al Banco de Valencia en abril de 1999. El BSCH, entonces titular de un 20%, se alineó en el frente local y forzó el nombramiento de Álvaro Aguirre, director general de la empresa en tiempos de paz, como presidente contra el criterio de Saur.

La primera batalla sólo se despejó cuando el naviero valenciano Vicente Boluda asumió un 13% del capital de Saur y se presentó como pacificador. Desde entonces, ocupa la presidencia.

La Generalitat asumió la fidelidad de Boluda y se lanzó a construir un imperio. El asunto se trató en muy altas esferas. Ángel Corcóstegui, a la sazón consejero delegado del Banco Santander Central Hispano, que detentaba un 20% del capital de Aguas de Valencia tras la fusión de los dos grandes bancos, llegó a diseñar una estrategia operativa y a señalar a un ejecutivo de su confianza para desarrollarla. El entonces número dos de Emilio Botín apuntó a José Manuel Uncio, director del Instituto Valenciano de Finanzas, para diversificar el mortecino negocio de Aguas de Valencia y constituir la plataforma de un poderoso grupo empresarial.

La privatización de Egevasa, la sociedad de aguas de la Diputación de Valencia, que dirigía Aurelio Hernández, corría un proceso paralelo hacia una obligada fusión con Aguas de Valencia, otra vía abierta desde la presidencia de la Generalitat para reducir el peso del socio francés.

Zaplana nunca prescindió de Uncio, pero Botín se deshizo de Corcóstegui en febrero de 2002 y puso a la venta el 20% que el BSCH controlaba en Aguas de Valencia, una vez renovada la concesión del suministro a la ciudad de Valencia.

Sólo compraron los socios valencianos. Desde entonces, Saur controla el 33% de la sociedad; Banco de Valencia, casi el 20%; Facsa, vinculada al grupo Viuda de Gimeno de Castellón, más del 13%; Boluda Shipping, del naviero valenciano, el 11,5%; y Lubasa, la primera empresa del constructor castellonense Luis Batalla, casi un 10%. El resto está en manos de pequeños accionistas.

Aurelio Hernández, director general y posterior consejero delegado de Aguas de Valencia, estaba llamado a multiplicar el negocio a imagen de Aguas de Barcelona (Agbar). Pero la misión era imposible.

En primer lugar, por la composición del accionariado. Una sociedad holding formada por La Caixa y una sociedad francesa del grupo Lyonnaise des Eaux domina el 48% del Grupo Aguas de Barcelona; Endesa dispone de un estratégico 11%; Suez Lyonnaise des Eaux un testimonial 1,45%. El resto del capital, cerca de un 40%, flota en bolsa y obliga a repartir dividendos entre pequeños accionistas.

Aguas de Valencia, entretanto, aún intenta despejar a quién corresponde trazar la estrategia de la empresa.

Agbar destribuye sus negocios entre la gestión del ciclo integral del agua; los seguros de salud a través de la empresa Adeslas; o la gestión de residuos sólidos. En menor medida, asume servicios de certificación, como la inspección técnica de vehículos; y otras actividades complementarias, como la participación en un canal de televisión digital.

El grupo catalán también participa en empresas eléctricas y de gas; tiene inversiones en varios países europeos y americanos y, sobre todo, sostiene un volumen de negocio para el conjunto del grupo que ronda los 2.000 millones de euros al año.

Aguas de Valencia centra su negocio en la gestión del ciclo integral del agua, extiende su negocio a los residuos sólidos y a la certificación técnica. También participa en sociedades europeas y americanas, pero su volumen de negocio consolidado, apenas supera los 60 millones de euros anuales.

Una característica llamativa de Aguas de Valencia es el número de uniones temporales de empresas que ha constituido en los más diversos lugares para participar en negocios relativamente menores, sobre todo en Aragón desde la llegada de Aurelio Hernández a la dirección.

La hipotética privatización del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona la distribución de aguas potables en la Comunidad de Madrid desde hace 150 años, ha sido esgrimida como argumento para alimentar el supuesto valor estratégico de Aguas de Valencia y las constantes pugnas entre su accionariado. Efectivamente, sólo Aguas de Valencia y Aguas de Barcelona pueden acreditar la gestión del suministro de agua a una gran ciudad durante más de un siglo.

Pero los recientes despidos de su consejero delegado y ex director general, Aurelio Hernández, y de su sucesor en la dirección general, Francisco Pontes, dos hombre colocados en su día desde la presidencia de la Generalitat, sólo complica el sueño de convertir la empresa en soporte de un grupo que debía ser emblema de un novedoso poder valenciano y amenaza pesadillas.