"España aprobará en 2002 un plan contra el calentamiento global"
Cuando el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de abril el real decreto por el que se regula la Oficina Española de Cambio Climático, Javier Rubio dejaba atrás tres años como asesor de relaciones internacionales del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. No obstante, Rubio no espera trasladarse a la sede de la oficina -en la céntrica calle madrileña de Alcalá, 92- antes del verano. El secretario general de este nuevo organismo tiene 43 años. Biólogo y funcionario del cuerpo especial de inspectores de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, es prolijo en sus explicaciones.

Pregunta. ¿Qué motivos han impulsado la creación de esta oficina?

Respuesta. Las competencias en torno al cambio climático se encuentran dispersas dentro de esta misma casa (Ministerio de Medio Ambiente), con la consiguiente merma de la eficiencia. La oficina pretende coordinarlas. Pero como quiera que la reducción de las emisiones de CO2 es también competencia de otras Administraciones, no podemos hacerlo todo solos. Así que realizaremos el seguimiento, por una parte, de las actuaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen competencias en transporte, por ejemplo; por otro, de las empresas que son fuente de emisiones; y también contaremos con la opinión de patronales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

P. Sin embargo, las distintas organizaciones sociales critican mucho la oficina, porque sus decisiones no serán vinculantes.

R. En algunos casos nuestra actuación será directa y en otros seremos simplemente impulsores. Por ejemplo, este ministerio es competente en materia de residuos y podremos elevar propuestas. Pero la energía depende de Economía... La finalidad de nuestro seguimiento a todas las partes implicadas no es coordinar sus actuaciones, sino identificar lagunas y reforzar iniciativas. Tenemos que servir de referencia física y permanente en la lucha contra el calentamiento de la Tierra, porque no se trata de acordarnos de Santa Bárbara sólo cuando truena alguna conferencia internacional. Los resultados dependerán de la calidad del trabajo continuado.

P. Entre esos resultados, ¿cabe esperar por fin una definición del plan nacional contra el calentamiento global o habrá que esperar a que concluya la reforma del Consejo del Clima?

R. Quisiera acabar con esta confusión. Esta oficina no viene a sustituir nada y el Consejo Nacional del Clima seguirá existiendo como órgano colegiado. Es más, actuaremos como secretaría de este consejo. Nuestra función será desbloquear las negociaciones para que la estrategia nacional del clima se concluya.

P. ¿Y para cuándo contaremos con ese programa que se está debatiendo desde 1992?

R. Confiamos que España lo apruebe en 2002.

P. ¿Dónde están las dificultades?

R. El principal obstáculo deriva de la dificultad del problema que hay que abordar. El hecho de que Bush se quiera bajar del carro (ratificación del Protocolo Internacional de Kioto para la reducción de emisiones contaminantes) no es un capricho. Porque, en definitiva, estamos intentando cambiar una tendencia que viene produciéndose desde la II Guerra Mundial, que consiste en que a mayor desarrollo económico, más emisiones. Y todos demandamos electricidad y, a la vez, que se reduzcan las emisiones contaminantes. Estamos hablando de los pilares que sustentan nuestro desarrollo: el carbón y el petróleo. Y los cimientos de una casa se tocan siempre con cuidado.

P. ¿Con qué presupuesto y recursos humanos nace esta oficina?

R. El presupuesto (200 millones de pesetas) no tiene la menor relevancia, porque no es una oficina inversora. De lo que nos ocuparemos es que se doten fondos para que, por ejemplo, las Universidades investiguen el cambio climático. Luego, como tenemos que ser coherentes con el discurso de eficiencia que promovemos, procuraremos no tener un batallón de buenos expertos y técnicos. De momento, se han incorporado los cuatro responsables de las principales áreas funcionales.