El poder de las empresas para cambiar el mundo
Desde que en 1555 se crea Muscovy, la primera compañía cotizada del mundo, las empresas han tenido un único mandato: maximizar el valor para los accionistas. Casi 500 años de paradigma dominante no se cambian de la noche a la mañana, pero son ya varias las iniciativas que proponen una nueva naturaleza empresarial más compatible con los desafíos del siglo XXI.

En Reino Unido, en medio del marasmo político de estos días, existe una propuesta con el apoyo de parlamentarios de ambos bandos: la Better Business Act, que propone modificar el Artículo 172 de la Ley de Sociedades para incluir, entre las responsabilidades y derechos de los directivos de una compañía, la consideración en la toma decisiones de los intereses de la sociedad y el planeta, además de los de los accionistas. En Italia y Francia, ya se ha avanzado en esta dirección con la aprobación en los últimos años de las figuras legales Società Benefit y Enterprise à Mission.

En España, como consecuencia de la tormenta desatada por la exclusión financiera de las personas mayores, la ministra Nadia Calviño afirmaba a principios de este año “los bancos, como todas las empresas, tienen que ser conscientes de que no sólo trabajan para sus accionistas”. Esta afirmación bien podría ser un preludio de lo que está por venir.

La emergencia climática y la crisis social necesitan soluciones sistémicas que requieren de la participación de todos los agentes sociales y, en especial, de las empresas, cuya cuota de poder ascendente conlleva una mayor responsabilidad. Teniendo en cuenta que las compañías generan el 82% de la riqueza en el mundo, la sociedad espera y exige soluciones no sólo a sus gobiernos, sino también al sector privado. E incluso confían más en este último que en los primeros, según el último barómetro de Edelman Trust.

En este contexto, el pasado 19 de octubre entró en vigor en España la Ley Crea y Crece, cuyo objetivo es favorecer la creación de empresas y eliminar las trabas a su crecimiento. Dentro de las medidas de esta Ley, se encuentra una disposición adicional novedosa y transformadora, que recoge el reconocimiento de una nueva figura jurídica en España: las sociedades de beneficio e interés común (SBIC).

Vaya por delante que ésta no es una medida de carácter político. El reconocimiento de la SBIC se ha logrado gracias al impulso de la sociedad civil: más de 50 personalidades de nuestro país, más de 400 organizaciones y cerca de 31.000 firmantes han solicitado su aprobación. Una vez trasladada al Congreso, esta propuesta ha sido apoyada por las principales fuerzas políticas, despejando todo sesgo político.

El reconocimiento de las SBIC supone un paso decisivo para adaptar nuestro ordenamiento jurídico y el derecho a la evolución de la doctrina económica y empresarial, que está transitando desde el mantra de la creación de valor para el accionista hacia un nuevo ideario basado en la creación de valor para el conjunto de la sociedad.

Las SBIC suponen un pequeño cambio legal con la capacidad de producir un gran cambio en España si logramos que su adopción sea a gran escala. Mediante la inclusión en el objeto social de la compañía de una definición del propósito y del beneficio social y ambiental concreto que la empresa persigue con su actividad, se concede a los líderes de la compañía la libertad de actuar y tomar decisiones velando por los intereses de sus grupos de interés, equilibrando además en su gestión la búsqueda de resultados sociales, ambientales y económicos positivos. Esta mayor responsabilidad lleva implícita también una mayor transparencia con el fin de reforzar o reconstruir los puentes de confianza entre la empresa y sus grupos de interés.

Este pequeño paso en el ámbito del derecho supone un gran salto para nuestro modelo económico. Ahora falta un segundo paso, tanto o más importante: la aprobación del reglamento que permita la aplicación efectiva de esta medida y dé respuesta a la necesidad de miles de empresas que ya quieren adoptar este modelo. El calendario es propicio para el gobierno. La presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 representa el mejor escenario para presentar esta medida vanguardista en Europa y buscar en el sector privado un aliado clave para avanzar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el cumplimiento de la Agenda 2030.

Dar respuesta a las actuales crisis requiere evolucionar nuestro modelo capitalista y, por ende, el modelo empresarial. Necesitamos definir unas expectativas mínimas sobre cómo las empresas van a contribuir a la sociedad, asegurándonos un contrato social en el que el enorme poder innovador y transformador de las empresas se ponga al servicio de la sociedad y el planeta. Porque el éxito de una empresa no sólo depende de sus accionistas, sino del conjunto de sus grupos de interés.

Pablo Sánchez Hernando, director ejecutivo de B Lab Spain.