El Gobierno fía a ingresos récord una inversión y gasto social sin precedentes
El Gobierno ha aprobado una partidas de gasto social e inversión sin precedentes en los presupuestos generales de 2023 para responder a la amenaza de crisis y el asedio de la inflación. Los terceros Presupuestos del Ejecutivo de coalición -y los últimos de la legislatura, ya que el próximo año se celebran elecciones generales- se apoyan en la previsión de unos ingresos fiscales récord.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó unas cuentas en las que tendrá que hilar muy fino para compatibilizar ese importante gasto social y un crecimiento histórico de algo más del 33% de las inversiones reales, con un crecimiento de los ingresos no financieros del 6%. Y todo ello en mitad de una coyuntura de elevada incertidumbre derivada de los efectos de la guerra en Ucrania, caracterizada por un menor empuje de la actividad y un elevado nivel de inflación.

La previsión de crecimiento del Gobierno se fija en el 2,1% para 2023, un nivel que puede calificarse de optimista si tenemos en cuenta que el Banco de España publicó esta misma semana sus estimaciones con una tasa del 1,4%.

La ministra de Hacienda, en la rueda de prensa para presentar los Presupuestos, despachó el tema: “No hay que ser agoreros, crecemos por encima de nuestro entorno”, dijo.

Montero también descartó que España pueda caer en recesión el próximo año, asegurando que sus previsiones son “prudentes y realistas”. Pese a todo, los niveles de prepandemia van a experimentar un nuevo retraso hasta trasladarse a los primeros meses de 2024, en lugar de finales de 2023 como estaba previsto.

Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Hay que atender lo urgente y centrarse en lo importante”, dijo. El Presupuesto debe ser “un antídoto contra la pobreza” y considera que se da un mensaje al exterior de que España cumplirá con sus compromisos con la estabilidad.

También la fuerte previsión de ingresos por cotizaciones sociales de hasta 152.075 millones, un 11,5% más que en 2022 (un 7,2% más si la comparación se hace sobre la liquidación del Presupuesto en lugar de la estimación inicial) que ha presupuestado la Seguridad Social está aquejada de cierta incertidumbre. La duda surge porque este aumento de la recaudación prevista no se corresponde del todo con la previsión del aumento del empleo y de los salarios que baraja el Gobierno y que, en última instancia dependerá de la marcha de la economía.

Las cuentas deberán ser ratificadas por sus señorías antes del 31 de diciembre y así poder entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Se trata de las cuentas más expansivas de la historia en las que el límite de gasto no financiero total alcanza los 198.221 millones de euros, el 1,1% más que el año anterior. El gasto social, en particular, marca los Presupuestos, puesto que dentro de las partidas de gasto, seis de cada 10 euros van a estos apartados. La cifra global del gasto social, el mayor de la historia, alcanza los 266.719 millones, que incluyendo los fondos europeos llega a los 274.445 millones de euros.

Montero destacó que el foco en justicia social y eficiencia económica permiten implementar políticas de protección para la sociedad en una situación de crisis derivada de la guerra en Ucrania. La ministra destacó el incremento en un 33,1% en la partida de inversiones reales que pasarán de 8.919 millones a 11.867 millones de euros, un incremento que no se había registrado hasta ahora. Si se descuenta la cuantía que desde el Ministerio de Defensa se destina a atender compromisos de pago correspondientes a programas especiales de armamento, que no tienen impacto en el déficit público al tratarse de entregas realizadas en ejercicios anteriores, el incremento de las inversiones restantes es del 14,7%.

Aquí se recogen actuaciones vinculadas a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por importe de 1.982 millones, de los que el 50% se canalizan a través de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El gran reto con el que se van a encontrar estas cuentas, es una coyuntura de menor crecimiento y más inflación. El Gobierno ha bajado seis décimas la previsión de crecimiento para el próximo año, hasta el 2,1% y el deflactor del consumo privado, un indicador similar al índice de precios de consumo, se ha revisado al alza, del 2,9% al 4,1%. Sobre empleo, mantiene la tasa de paro para este año en el 12,8%, pero eleva en dos décimas la del próximo ejercicio hasta el 12,2%, al tiempo que estima un menor crecimiento del empleo, desde el 3,7% de julio al 2,9% para este año, y para 2023 pasaría del 0,8% al 0,6%.

Las cuentas incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC en torno al 8,5%, un incremento del 25% en el gasto en Defensa, así como más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados. Aumentan las partidas de I+D+i, infraestructuras, dependencia (que incrementa su dotación en 620 millones de euros hasta alcanzar los 3.522 millones) y recursos para combatir la violencia de género.

Jóvenes

Con el propósito de beneficiar a uno de los colectivos más perjudicados por la crisis se van a incrementar la políticas de juventud un 13,2% hasta alcanzar los 12.741 millones de euros. Aquí destacan medidas como el bono de alquiler joven que tendrá una dotación de 200 millones, que consiste en una ayuda directa de 250 euros para la emancipación de jóvenes entre 18 y 35 años y bajos ingresos.

Las cuentas del próximo año destinarán otros 260 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda con alquileres accesibles. También se extiende a 2023 el bono cultural joven que posibilitará que los jóvenes que cumplan 18 años en 2023 puedan contar con 400 euros para gastar en el ámbito cultural.