El Gobierno bonificará con 500 millones el gasoil de los transportistas, pero no frena el conflicto
Una rebaja de 500 millones en el gasóleo profesional es la respuesta del Gobierno al conflicto en las carreteras generado por la escalada del precio del combustible, que está estrangulando la cadena de suministros. Parte será soportado por el presupuesto público y otra por la distribuidoras y comercializadoras de combustibles.

Los convocantes de un paro que hoy cumplirá nueve jornadas, la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, lo ven insuficiente y aseguran que no cesarán en las protestas hasta sentarse directamente con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El presidente del colectivo, Manuel Hernández, afirmó ayer que “estamos fuertes, firmes y concienciados. No tenemos ninguna prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajáramos”. Además, a última hora del lunes varias patronales, entre ellas Fenadismer, decidieron parar a partir del martes, tal y como hacen desde hace días los pequeños transportistas, ante la falta de concreción en las ayudas prometidas por el Gobierno.

La titular de Transportes salió ayer del largo encuentro mantenido con representantes de la patronal CNTC con la promesa de activar esta bonificación, y no rebaja fiscal, a partir de la entrada en vigor del real decreto ley que se aprobará el 29 de marzo con el contenido del plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania.

El programa de medidas tendrá ocho objetivos: reducir el precio de la energía; apoyar a los sectores más afectados; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del plan de recuperación de la economía; impulsar la eficiencia energética, y reforzar la ciberseguridad.

El Ejecutivo acudió a la reunión con la CNTC, celebrada en un escenario de máxima tensión, añadiendo a la interlocución a la vicepresidenta económica Nadia Calviño y a la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Los detalles de la medida de ahorro para el transporte, esencialmente la rebaja por litro y el plazo de aplicación, serán dados a conocer este viernes, tras la celebración del Consejo Europeo.

El Ejecutivo ha movido ficha en medio de un paro del transporte que está causando estragos en la industria, explotaciones ganaderas y agrícolas, lonjas de pescado o centros comerciales. La protesta está siendo promovida por un colectivo de pymes y autónomos que no es reconocido por el ministerio como interlocutor.

Además de la bonificación, otra de las concesiones al transporte es la publicación semanal del índice de variación del coste del combustible, lo que permitirá repercutir en las tarifas de modo ágil las subidas en el gasoil gracias a la aplicación de la cláusula de revisión obligatoria acordada en el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo. Un logro más de la CNTC es la devolución mensual, en lugar de trimestral, del gasóleo profesional. Esta última mejora, a juicio de la patronal, “contribuirá a aliviar la tesorería de las empresas de transporte”.

Raquel Sánchez calificó de “estratégico” al sector que mueve el 97% de las mercancías en España y llamó a frenar las protestas. El presidente de la patronal, Carmelo González, habló de logros históricos que se suman a la convalidación del citado RDL 3/2022. Este último también prohíbe la participación de los conductores en las tareas de carga y descarga.

Conflicto larvado

La Plataforma por la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera no reconoce a la CNTC como representante y exige hilo directo con el ministerio. Entre distintas reivindicaciones, busca la regulación del observatorio de costes del transporte que comenzó a funcionar el año pasado de modo orientativo.

Se trata de un índice que tiene en cuenta los precios del gasoil, carga fiscal sobre los vehículos, mantenimiento y reparaciones, la factura por seguros, pago de peajes o el salario de los conductores, entre otras variables, para ofrecer a los pequeños transportistas una guía sobre cómo se mueven sus costes. El observatorio no entra a fijar precios, lo que a juicio de la Plataforma deja en manos de los grandes la imposición de tarifas que obligan a los subcontratistas a trabajar a pérdidas.

De momento, las pequeñas empresas y autónomos del transporte de mercancías por carretera siguen adelante con su movilización, lo que incide en la distancia que separa a los subcontratistas y las grandes plataformas del sector, que sí confían en la CNTC como portavoz.

Los paros cumplieron ayer su octava jornada y los promotores insistieron en que no es suficiente con rebajas puntuales en el precio del gasoil. La demanda central es un nuevo marco para la contratación de los servicios de transporte que evite el referido trabajo a pérdidas. Son muchos los que piden desde hace años la fijación de un precio mínimo referenciado a la evolución del combustible. Una vieja reivindicación que se reconvierte ahora en la vinculación de la contratación de los servicios de transporte a la referencia oficial del referido observatorio de costes publicado trimestralmente el Ministerio de Transportes.

De este modo, se exige al departamento que lidera Raquel Sánchez la regulación de dicho índice, creado en abril de 2021 tras negociaciones de la Dirección General de Transporte Terrestre, la CNTC y las principales asociaciones de cargadores (Aecoc, ACE y Transprime).

Fue el Real Decreto 70/2019, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el que mandató al Ministerio de Transportes a poner en marcha este tipo de observatorio tanto para el tráfico de mercancías como de viajeros.

En la revolución del sistema que busca la Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera también se urge que el pago por trabajos de transporte se realice en un máximo de 30 días por ley y sin posibilidad de pactos en contra; la habilitación de fondos ICO al 0% de interés para cubrir impagos a las transportistas; un mayor control por parte de la Inspección de Transportes para la comprobación del cumplimiento por ley de los convenios de los conductores asalariados; la creación de un convenio estatal con las condiciones económicas y laborales actualizadas, o la jubilación a los 60 años para conductores profesionales.

A escasos kilómetros del centro de Madrid, donde se llevaron a cabo las negociaciones entre Gobierno y CNTC, hubo centenares de camiones participando en una marcha lenta que dificultó el tránsito por las zonas industriales. También se repitieron fuertes movilizaciones en Cataluña, Extremadura o en Andalucía, entre otras zonas del país.