Alianza Popular cabalga de nuevo
LA BRUSCA aceleración de los trabajos de la Comisión Constitucional, posibilitada por un acuerdo previo entre UCD y PSOE, al que se sumaron la Minoría Catalana y el PCE, ha desencadenado la suficiente fuerza centrífuga como para despedir de sus asientos a los representantes del PNV y de Alianza Popular. De las protestas de los nacionalistas vascos seguramente es parcialmente responsable el señor Roca, que era su portavoz en la ponencia y que debería haberles informado de esos pactos. Tal vez sin la sorprendente ausencia del señor Fraga (muy graves tienen que ser los asuntos que han reclamado su presencia en Estados Unidos para que uno de los siete ponentes abandone sus deberes parlamentarios en tan delicados momentos), la marginación de Alianza Popular en esa negociación no hubiera sido completa o se hubiera producido de otra forma. Hay, sin embargo, las suficientes discrepancias entre los aliancistas y las demás formaciones políticas que integran el, «arco constitucional» -cuyos arbotantes son UCD y PSOE, y al que el PCE sirve de contrafuerte tras el nuevo viraje de su secretario general, que ha abandonado el zozobrante «Gobierno de concentración» para fletar el «Gobierno tripartito»como para que la «espantada» de los franquistas nostálgicos no extrañe a nadie. La tosca virulencia del comunicado ratificando su retirada de la Comisión, aparte de enriquecer la literatura panfletaria con la inefable expresión «consenso ucedista-marxista», deja claro su lugar en este impresionante acelerón que imprime una velocidad de viaje espacial a los trabajos constitucionales; si son varios los grupos que pretenden representar la figura de Ovi Ben Kenobi en la película, Alianza Popular es el único candidato para desempeñar el negro y jadeante papel de Lord Darth Vader.La minoría que silenció a la mayoría mientras detentó un omnímodo poder y castigó de manera implacable a los disidentes que intentaron quitarse la mordaza que les había sido impuesta, se lamenta ahora del mal trato que recibe corno grupo minoritario. Los teóricos y administradores de la autocracia franquista, que prohibió los partidos políticos, las centrales sindicales, la prensa libre y los derechos cívicos, se arrogan súbitamente funciones de jueces para condenar por «proceder antidemocrático» a más de nueve décimas partes del Congreso. Quienes medraron e hicieron su carrera política en la penumbra de los pasillos y en los cuchicheos de las recámaras que llevaban al despacho del dictador se escandalizan por la falta de publicidad del acuerdo entre ucedistas, socialistas, comunistas y catalanes, al que, con manifiesta impropiedad en los términos, califican de «pacto extraparlamentario».

Ciertamente es de lamentar que las negociaciones entre los estados mayores de los partidos tiendan al secreteo y al cabildeo. Sin embargo, los resultados de las celebradas el lunes se hicieron públicos al día siguiente, y de manera espectacular, en temas tan delicados y polémicos como la enseñanza, el régimen jurídico matrimonial y la definición del marco de la actividad económica. Más grave es que la rapidez con que se llevan los debates impida a los ciudadanos seguir la discusión del articulado y prive a los comisionados de la posibilidad de exponer con claridad y extensión sus argumentos. Pero los beneficios derivados de ese pacto son muy superiores a los perjuicios que pueda producir; porque la rápida promulgación de la Constitución es una imperiosa necesidad para la consolidación de la democracia.

En efecto, sería muy peligroso prolongar la etapa constituyente más allá del verano. La democratización a fondo de las instituciones, la eficaz garantía de los derechos y libertades y la normalización definitiva de la vida política aguardan una Constitución que pueda ser instrumentada por leyes ordinarias. Las elecciones municipales, demoradas por UCD hasta después del referéndum constitucional, son de una urgencia apremiante, tanto. para desalojar a los residuos del franquismo de la Administración Local como para dar vida a los regímenes preautonómicos. El debilitamiento de la figura del señor Tarradellas en Cataluña y la reanudación de la violencia en el País Vasco imponen también la necesidad de acelerar la negociación de unos estatutos de autonomía definitivos, sólo posibles cuando la Constitución entre en vigor. Finalmente, la celebración de nuevas elecciones generales para clarificar las posiciones de las diferentes opciones políticas y permitir un Gobierno de mayoría estable es un objetivo sobre cuya conveniencia hay un acuerdo general, pero que se halla condicionado, asimismo, a que los parlamentarios, primero en el Congreso y luego en el Senado, rematen sus trabajos constitucionales. Ante tales exigencias, la nueva cabalgada de Alianza Popular, por muy lamentable que sea, en tanto que reduce la superficie del consenso, no debe asustar más que a quienes la han emprendido.