la fiscalía no ve indicios de posibles delitos de administración desleal y falsedad documental en la reforma de la sede de podemos, por lo que ha pedido a la audiencia provincial de madrid que archive la investigación cuyo sobreseimiento ya acordó el juez juan josé escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada.españa.la justicia da cinco días a podemos para presentar la liquidación de su sede españa.la ex abogada de podemos, al juez sobre la reforma de la sede "el baile de cifras no nos cuadraba" el ministerio público -que se posiciona así frente al recurso interpuesto contra ese archivo por parte de la asociación de juristas europeos prolege- recuerda que, tras la investigación del ex abogado de podemos josé manuel calvente, se trataba de esclarecer si, como mantenía el letrado, las obras de reforma de la sede morada fueron adjudicadas "a dedo", incumpliendo las normas internas del partido en materia de contratación, y terminaron costando más del doble del importe por el que fueron licitadas 1.361.055 euros frente a los 649.936 iniciales. tras las diligencias practicadas y escuchar a los testigos que han comparecido en la instrucción, la fiscalía considera que estos "han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución", un desfase que considera "frecuente en la ejecución de obras".respecto a una hipotética administración desleal, se reafirma en que no ve "ningún indicio" de la comisión de este delito, que recuerda que "castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial". pero a la vista de la investigación realizada, concluye que no hay indicios de que "los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades o ni siquiera la existencia de un perjuicio patrimonial". en esa misma línea, subraya que el propio arquitecto "declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras". asimismo, muestra su sorpresa por la posición procesal de la acusación popular que ejercer prolege "no deja de extrañar que quien ejerce la acusación popular en este procedimiento en el que figura como investigado el partido político podemos vele por los intereses del propio partido al considerarlo como perjudicado en su patrimonio cuando ni el propio perjudicado se considera como tal". la fiscalía no considera necesario, como piden los recurrentes, que se elabore un informe pericial para acreditar si hubo o no administración desleal, determinando si los precios se ajustaban a las condiciones de mercado. "a la luz de las diligencias practicadas, la diligencia solicitada no tiene más objeto que mantener la investigación en relación a estos hechos", asegura. ese informe, mantiene, supone "la existencia de confabulación entre el partido político, los gerentes, el arquitecto y los contratistas para fijar un precios superior al de mercado cuando todos ellos han declarado bajo juramento o promesa de decir verdad que los precios eran los propios de mercado y que incluso pueden considerarse ajustados".