el exvicepresidente del gobierno y exdirector gerente del fondo monetario internacional rodrigo rato ha expresado su profundo malestar por la actuación de la fiscalía anticorrupción dentro del procedimiento donde se investiga su patrimonio y por el que solicita un total de 70 años de prisión. en un comunicado hecho público hoy, rato asegura sentirse "completamente indefenso", a la vez que reitera su inocencia de los delitos que se le atribuyen –once delitos fiscales, uno de corrupción, falsedad e insolvencia punible-. tras criticar el hecho de que la fiscalía anticorrupción informase a través de una nota de prensa en lugar de la totalidad de los escritos "no protege ningún bien público ni derechos, sino todo lo contrario", sostiene que en cuanto al fondo de la acusación de la fiscalía, "según su propia publicidad", recoge principalmente hechos y supuestos delitos que no han sido objeto de la instrucción, "yendo contra el propio criterio del instructor, único director del proceso", que ya ha decidido qué hechos habrían quedado indiciariamente acreditados en una instrucción que ha contado con 12 millones de documentos requisados, 6 años de duración y 16 informes de la onif, con dos prórrogas de 36 meses, solicitadas por la fiscal, durante las cuales no se practicó ninguna nueva diligencia. más aún, añade al respecto, "algunos de estos hechos y delitos han sido expresamente descartados por el instructor, que a lo largo de estos años ha calificado por tres veces las propuestas de la fiscal de investigación prospectiva, actividad prohibida por ley pero sorprendentemente no definida penalmente". en esta causa, sostiene que , además, se ha llevado a cabo una investigación "prospectiva, paralela y secreta", denominada "operación tajuña", a espaldas de la defensa, durante años, por parte de la fiscal, la uco, el seplac y al menos un miembro de la onif, "a la sazón auxilio judicial en la causa". por ello, entiende que no debería ser este el momento procesal para plantear una nueva causa, "ante la endeblez de la efectivamente realizada, amparándose en la impunidad del papel institucional que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los fiscales".